El fiscal Gerardo Pollicita detectó inconsistencias en las declaraciones patrimoniales del exjefe de Gabinete y le dio 15 días para justificar el origen de fondos utilizados en compras, propiedades y gastos.
El patrimonio de Manuel Adorni quedó bajo una lupa judicial cada vez más incómoda. El fiscal Gerardo Pollicita firmó un requerimiento que expone diferencias millonarias entre sus declaraciones y le exige documentación para explicar cómo financió parte de sus operaciones.
Las cuentas de Adorni que no cierran
El requerimiento fiscal está compuesto por 20 puntos concretos y señala una brecha patrimonial que permanece sin explicación: unos $43 millones y más de US$403.000. La mayor parte de la diferencia en dólares está vinculada con operaciones realizadas en efectivo, cuyo origen deberá acreditar el exfuncionario.
Entre los interrogantes aparece el dinero declarado bajo el concepto de “venta de activos”, sin precisar qué bienes fueron vendidos. También deberá justificar dos préstamos atribuidos a familiares, la compra de un Jeep y el origen de los fondos utilizados para adquirir y remodelar un lote en Indio Cuá, donde se registró un pago de US$245.000 a un contratista.
La investigación también puso bajo análisis la compra del departamento de Miró 550, su mobiliario y las mejoras realizadas en sus propiedades. A esto se suman operaciones en las que terceros habrían pagado bienes por cuenta de Adorni y luego recibido reintegros en efectivo.
Criptomonedas, herencias y movimientos bajo sospecha
Pollicita también pidió explicaciones sobre las operaciones con criptoactivos, incluidas cuentas que no habían sido declaradas inicialmente. El fiscal puso además la lupa sobre ingresos considerados “exentos” y sobre herencias o donaciones utilizadas para explicar parte del incremento patrimonial.
A la lista se agregan comprobantes fiscales por más de $6 millones y facturas superiores a $2 millones que no coincidirían con ningún medio de pago registrado. También deberán aclararse deudas con el Banco Galicia que aparecen y desaparecen entre distintas declaraciones, honorarios notariales facturados a su cónyuge y consumos realizados por terceros como usuarios adicionales de sus tarjetas.
Adorni tiene ahora 15 días para presentar documentación y explicar las inconsistencias. Si las respuestas no resultan suficientes para Pollicita y para el juez Ariel Lijo, el exfuncionario podría ser llamado a indagatoria en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La pelota quedó del lado de quien deberá demostrar ante la Justicia cómo se explica un patrimonio que, por ahora, no logra cerrar.
