La actualización fue oficializada por la Secretaría Nacional de Discapacidad y alcanza a las prestaciones básicas del sistema. Organizaciones del sector denuncian atraso en los aranceles y reclaman el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Mientras continúan los reclamos de familias, prestadores e instituciones vinculadas a discapacidad, el Gobierno nacional dispuso un aumento del 2,6% para las prestaciones básicas destinadas a personas que reciben tratamientos, terapias y servicios de asistencia integral.

La medida fue publicada este jueves en el Boletín Oficial mediante la Resolución 517/2026 y lleva la firma del titular de la Secretaría Nacional de Discapacidad, Alejandro Alberto Vilches.

Cómo será el aumento de las prestaciones por discapacidad

Según detalla la resolución, la actualización corresponde al mes de mayo y fue calculada tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril informado por el Indec.

El incremento alcanza a todas las prestaciones incluidas dentro del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad y no establece diferencias según el tipo de tratamiento o servicio brindado.

Además, el Gobierno mantuvo el adicional del 20% por zona desfavorable para prestaciones realizadas en provincias de la Patagonia. La actualización anterior, correspondiente a abril, había sido del 3,4% y también se había definido utilizando como parámetro la inflación mensual.

Reclaman que el Gobierno cumpla la Ley de Emergencia en Discapacidad

Las organizaciones del sector cuestionan que los aumentos continúan muy por debajo del atraso acumulado en el nomenclador que regula los valores mínimos de prestaciones y tratamientos.

El principal reclamo apunta al incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad 27.793, sancionada por el Congreso el año pasado y ratificada en distintas instancias judiciales. Según denuncian instituciones y prestadores, el Ministerio de Salud mantiene demoras y recortes que afectan la continuidad de terapias, transportes y servicios esenciales.

También persiste el rechazo al proyecto impulsado por el oficialismo para reemplazar la legislación vigente por un nuevo esquema que, según advierten desde el sector, reduciría coberturas y prestaciones.

Mientras las familias y trabajadores siguen reclamando una recomposición real de los aranceles, el conflicto vuelve a poner en el centro una discusión que atraviesa hace meses al sistema de discapacidad: cómo sostener tratamientos y asistencia en un contexto donde los costos suben mucho más rápido que las actualizaciones oficiales.