La central obrera pidió la nulidad del fallo y recusó a los camaristas. Apunta a un beneficio del Ejecutivo que “genera sospechas” tras la decisión.
El conflicto por la reforma laboral sumó un capítulo que eleva la tensión al máximo. La Confederación General del Trabajo avanzó con una presentación dura contra el fallo que volvió a poner en vigencia la ley impulsada por el gobierno de Javier Milei.
Recusación y denuncia de parcialidad
En un escrito de 25 páginas, la CGT pidió la nulidad absoluta de la resolución y recusó a los jueces Víctor Pesino y María Dora González, integrantes de la Sala VIII de la Cámara Nacional del Trabajo.
El planteo pone el foco en un dato que desató la polémica: la extensión por cinco años de la permanencia de Pesino en su cargo, oficializada un día después de firmar el fallo. Para la central obrera, ese movimiento “genera un manto de duda y de sospechas” sobre la imparcialidad del magistrado.
Un fallo bajo sospecha y una disputa abierta
La CGT también cuestionó la competencia de la Sala VIII para intervenir en el caso y sostuvo que debió actuar otra sala, lo que —según argumenta— invalida el procedimiento desde su origen.
Además, el escrito advierte sobre una “orfandad de fundamentos” en la resolución que suspendió la cautelar previa, aquella que había frenado artículos clave de la reforma laboral. Por eso, exige reponer esa medida para evitar que la ley siga vigente mientras se revisa el fondo del asunto.
La disputa ya no es solo jurídica. Con acusaciones de parcialidad, beneficios cruzados y un trasfondo político evidente, el conflicto por la reforma laboral se mete de lleno en un terreno donde la confianza en las decisiones empieza a quedar bajo la lupa.
