Mientras el Ejecutivo avanza para derogar la Ley de Tierras, un relevamiento académico revela que casi el 5% del territorio nacional ya pertenece a firmas y ciudadanos de otros países, con focos críticos en zonas estratégicas y de frontera.

La decisión del gobierno de Javier Milei de avanzar contra la Ley de Tierras volvió a encender una alarma de fondo sobre la soberanía territorial y el control de los recursos estratégicos en la Argentina. La intención oficial de eliminar los límites a la compra de hectáreas por parte de extranjeros fue explicitada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, e incorporada al temario del Consejo de Mayo. Sin embargo, un dato previo complejiza el debate: actualmente, unas 13 millones de hectáreas ya están en manos privadas extranjeras, lo que representa cerca del 5% del territorio nacional, una superficie equivalente a toda Inglaterra.

Ese dato surge del Mapa de la Extranjerización de Tierras en Argentina, elaborado por investigadores de la Universidad de Buenos Aires y el Conicet, a partir de pedidos de acceso a la información pública. El trabajo, impulsado por el Observatorio de Tierras, permite visualizar con precisión dónde se concentra la propiedad extranjera y desmonta parte del discurso oficial que sostiene que la Ley 26.737 se cumple sin excepciones.

“El proceso no es nuevo, viene de hace décadas, pero la ley funciona como un freno. El problema es que cuando ese freno se levanta, el mapa directamente se pinta de rojo”, advirtió el historiador Matías Oberlin, uno de los responsables del relevamiento. Según explicó, aunque a nivel provincial no se supera el tope del 15% que establece la ley, al analizar el territorio por departamentos y municipios aparecen numerosos casos donde ese límite ya fue vulnerado.

Los llamados “puntos rojos” del mapa no son aleatorios. Se concentran en zonas de frontera y en áreas con bienes escasos y estratégicos: acuíferos, minerales críticos, litio, tierras raras y corredores fluviales clave. Un caso paradigmático es Cushamen, en Chubut, donde sobre casi 1,65 millón de hectáreas, más de 377 mil ya están extranjerizadas. Se trata de una región atravesada por conflictos sociales, incendios forestales recientes y una fuerte presión sobre los recursos naturales.

El relevamiento también permite identificar quiénes concentran la mayor parte de esas tierras. Estados Unidos encabeza ampliamente el ranking, con más de 2,7 millones de hectáreas en manos de empresas o ciudadanos de ese país, una superficie mayor que toda la provincia de Tucumán. Le siguen capitales italianos y españoles, mientras que el grupo Benetton aparece como uno de los actores más emblemáticos en la Patagonia. En contraste con ciertos discursos oficiales, la presencia de tierras en manos israelíes resulta marginal.

Otro dato que llama la atención es que los casos más graves de extranjerización no se concentran exclusivamente en el Sur. En el Norte del país aparecen más departamentos que superan el límite legal, muchos de ellos en zonas fronterizas donde confluyen recursos naturales, rutas comerciales informales y escasa presencia estatal. Según el informe, existen al menos 36 departamentos que ya exceden el 15% permitido y cuatro donde la extranjerización supera el 50%: Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja) y Molinos y San Carlos (Salta).

A estos se suman localidades clave sobre el río Paraná, como Iguazú, Ituzaingó, Berón de Astrada y Campana, que superan ampliamente el 30% de tierras en manos extranjeras. Todas ellas se ubican en áreas estratégicas para la logística, el comercio exterior y el acceso al agua dulce.

Para los investigadores, el riesgo no reside solo en el diagnóstico actual, sino en lo que podría ocurrir si se deroga la Ley de Tierras. “Aún con el marco legal vigente, ya hay zonas donde el límite se vulnera. Sin ese freno, la venta del país queda prácticamente liberada”, advierten. La preocupación se agrava en un contexto global marcado por disputas en torno al agua, la energía y los minerales críticos, donde el control territorial se vuelve un factor central de poder.

El informe subraya que definir qué se puede vender, bajo qué condiciones y en qué regiones no es una discusión técnica ni administrativa. Se trata de una decisión política que ordena el acceso a recursos esenciales para la vida cotidiana y para cualquier proyecto de desarrollo. En ese sentido, desarmar protecciones construidas durante décadas implica reconfigurar quién decide, quién accede y quién queda afuera en algunos de los territorios más sensibles del país.

Mientras el Gobierno insiste en flexibilizar las normas en nombre de la inversión, el mapa de la extranjerización expone una realidad incómoda: el margen para avanzar sin consecuencias es mucho más estrecho de lo que sugiere el discurso oficial.