La crisis política que envuelve a Lorena Villaverde sumó un nuevo capítulo. La diputada rionegrina —electa senadora pero impedida de asumir por las sospechas de vínculos con el narcotráfico— confirmó que retiró la renuncia que había presentado a su banca en la Cámara baja. La decisión llega tras no obtener los votos necesarios para validar su ingreso al Senado, dejando en evidencia el profundo desorden institucional que atraviesa La Libertad Avanza y el propio Congreso.

Villaverde sostuvo que mantiene su “plena confianza” en que el Senado respetará la Constitución, y aseguró haber recibido el respaldo político del oficialismo libertario. Sin embargo, la realidad parlamentaria mostró lo contrario: fue el propio bloque de LLA el que pidió que su diploma volviera a la Comisión de Asuntos Constitucionales, frenando su jura prevista para el 10 de diciembre.

El rechazo al diploma de Villaverde no provino sólo del peronismo. Legisladores de Unión por la Patria, junto al radical Pablo Blanco, la legisladora Guadalupe Tagliaferri y el senador Juan Carlos Romero, habían anticipado su negativa a avalar su asunción. La combinación de votos adversos dejó al oficialismo sin los números para sostenerla políticamente, empujando a Villaverde a dar marcha atrás y conservar su banca actual, donde aún le restan dos años de mandato.

En declaraciones públicas, la diputada insistió en que es víctima de una campaña de “mentiras” vinculada a su presunta relación con el empresario Fred Machado, involucrado en causas por lavado ligado al narcotráfico. También volvió a explicar el episodio ocurrido hace dos décadas en Miami, cuando fue detenida en un operativo policial: “Fui condenada por conspiración porque tenía doce mil dólares en la cartera”, relató, negando cualquier vínculo con el tráfico de drogas y afirmando que sólo “confió en la persona equivocada”.

La legisladora aseguró que “todo se agravó cuando entró en política” y remarcó que no renunciará a la presidencia de La Libertad Avanza en Río Negro. Mientras tanto, su futuro en el Senado dependerá del dictamen final de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que deberá determinar si Villaverde está en condiciones de ocupar un escaño en la misma institución donde hoy trabaja como diputada.

En un contexto donde el oficialismo busca consolidar poder y marcar rumbo, el caso Villaverde expone tensiones internas, dificultades de gobernabilidad y el enorme costo político de sostener figuras cuestionadas. Hasta que el Senado se pronuncie, la legisladora permanecerá en una especie de limbo institucional que abre interrogantes sobre la estrategia y los límites de La Libertad Avanza dentro del Congreso.