El Gobierno nacional avanza con la disolución del organismo de salud de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, mientras impone recortes salariales en el Ministerio de Capital Humano para acallar la protesta gremial.
El plan de ajuste sobre la administración pública nacional escaló a un nuevo nivel de tensión con el inicio del proceso de liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa). La decisión del Poder Ejecutivo de disolver la entidad que asistía sanitariamente a militares, gendarmes y prefectos ya comenzó a traducirse en telegramas de despido masivos dirigidos a trabajadores administrativos, auditores médicos y personal de sanatorios y farmacias propias. Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) advierten que la parálisis total de las prestaciones provocará la pérdida de 1.450 puestos de trabajo y denunciaron que la maniobra busca desarticular la estructura pública para transferir los servicios de salud a gerenciadoras privadas afines al oficialismo.
Las notificaciones oficiales comenzaron a circular durante el fin de semana, informando la cesación de servicios a partir del 30 de noviembre, fecha límite fijada para el cierre definitivo de las oficinas de atención, los centros recreativos, la red hotelera y las 31 farmacias que integraban el organismo descentralizado bajo la órbita del Ministerio de Defensa. Localidades con alta concentración de personal como Punta Alta, Puerto Belgrano, Tandil, Bahía Blanca y Santa Fe ya registran decenas de trabajadores despedidos mediante la no renovación de contratos y el pase a disponibilidad del personal de planta permanente. Mientras la red asistencial de las Fuerzas Armadas reabsorberá parte de su infraestructura, la cobertura médica de las fuerzas de seguridad quedará completamente privatizada, otorgando las primeras prestaciones a la empresa Medicus por decisión del Ministerio de Seguridad.
En paralelo a la liquidación del Iosfa, la política de recortes afecta con fuerza a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Capital Humano. Trabajadores del área denunciaron que por segundo mes consecutivo sufrieron la poda de horas adicionales en sus haberes, una medida aplicada de forma persecutoria contra delegados y afiliados que participan en reclamos gremiales. El sindicato intimó a la cartera que conduce Sandra Pettovello a restituir los montos liquidados de manera irregular y confirmó que recurrirá a la Justicia para frenar el disciplinamiento salarial en un sector golpeado que ya acumula miles de despidos desde el inicio de la gestión.
La combinación entre la pérdida masiva de fuentes laborales en el área de Defensa y el ajuste sobre los ingresos en la contención social expone el impacto social de la reforma estatal. Desde la representación de los trabajadores remarcaron la contradicción de aplicar despidos e quitas salariales a los empleados de menores ingresos mientras se mantienen asignaciones millonarias para la estructura de funcionarios. Ante el inminente cese de actividades en las dependencias del Iosfa y la paralización de sus servicios médicos y turísticos en todo el país, el conflicto gremial promete profundizarse en las calles ante lo que califican como una entrega premeditada del sistema de salud estatal a manos privadas.
