El ministro de Transformación del Estado admitió que utiliza agentes automatizados para redactar decretos y votar la eliminación de normas sanitarias, reduciendo la función pública a una simple firma sin control humano real.
El plan de desguace estatal y flexibilización normativa impulsado por la administración de Javier Milei y ejecutado por el ministro de Economía, Luis Caputo, junto al titular de Desregulación, Federico Sturzenegger, ha sumado una revelación de extrema gravedad institucional. Durante una reciente intervención mediática en el canal de streaming Ahora Play, el funcionario calificado reiteradamente por el Presidente como un “coloso” o “gran intelectual” confesó con desfachatez que las decisiones legislativas, decretos y resoluciones que modifican de raíz el funcionamiento del país están siendo delegadas en herramientas de inteligencia artificial. La práctica, lejos de constituir un avance tecnológico, expone la peligrosa entrega de la soberanía normativa y la salud pública a sistemas automatizados que resuelven sin fiscalización profesional humana.
En su exposición, el ministro detalló sin rodeos el procedimiento utilizado para desmantelar marcos regulatorios complejos en cuestión de horas. Un caso emblemático fue la intervención sobre la normativa de control de alimentos que remitía al decreto 4238, un compendio de más de 3.000 artículos encargados de garantizar la inocuidad sanitaria de los productos de origen animal. Según relató con satisfacción el propio funcionario, la cartera a su cargo procesó en un solo día un volumen de regulaciones que en condiciones normales habría demandado meses de análisis riguroso por parte de técnicos y especialistas. La velocidad del proceso no obedeció a una eficiencia administrativa, sino al reemplazo absoluto del criterio profesional por algoritmos de análisis masivo.
Un sistema de votación algorítmica subordinado a estándares extranjeros
El mecanismo diseñado por la cartera de Desregulación delega el análisis normativo en una red de cuatro agentes de inteligencia artificial encargados de revisar de manera independiente cada artículo del cuerpo legal. De forma paralela, otra herramienta automatizada contrasta la legislación argentina con la normativa vigente en los Estados Unidos y Europa, bajo la premisa explícita manifestada por el ministro de replicar de manera acrítica cualquier disposición aplicada en esos mercados internacionales. Una vez procesados los datos, los cuatro componentes digitales deliberan y someten a votación las modificaciones; si se alcanza la unanimidad, el sistema genera la nueva propuesta legislativa.
La función del funcionario público, según la propia definición de Sturzenegger, queda relegada a un mero acto administrativo de validación formal y firma del texto resultante. Esta metodología implica que un entramado digital decide sobre la vigencia de controles sanitarios esenciales que afectan la salud y el consumo de millones de argentinos, sin que medie un debate pormenorizado ni la intervención efectiva de los organismos de control técnico. A pesar del peligro inherente a este esquema, el propio ministerio celebró el procedimiento a través de sus canales oficiales de comunicación, vanagloriándose de la simplificación normativa mediante el uso de tecnología.
Desmantelamiento de organismos de control y riesgo para la salud pública
La confesión del titular de la cartera desreguladora confirma las reiteradas advertencias que los trabajadores técnicos y especialistas del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) venían formulando sobre la degradación de las funciones del organismo. La intervención sobre normativas históricas dedicadas a regular la producción ganadera, avícola y alimenticia en general ha reducido las tareas de vigilancia preventiva a su mínima expresión, exponiendo a la población a severos riesgos sanitarios a cambio de acelerar la quita de controles a los sectores corporativos.
Esta modalidad operativa enciende serias alarmas respecto a la validez y fundamentación del universo de resoluciones aprobadas por el Poder Ejecutivo en el último año. La admisión de que cientos de derechos, protecciones sociales y garantías constitucionales han sido suprimidos mediante resúmenes ejecutados por algoritmos extranjeros consolida la sospecha de una gestión que abdica de sus responsabilidades básicas. La conducción económica y desreguladora de Milei, Caputo y Sturzenegger no solo profundiza el ajuste sobre las estructuras del Estado, sino que entrega la redacción del derecho nacional a un automatismo irresponsable que pone en jaque la seguridad jurídica y el bienestar de la ciudadanía.
