Washington intensifica su injerencia en la agenda legislativa local mientras promueve el desmantelamiento del foro clave en la ONU donde el país reclama por Malvinas.
El alineamiento automático y acrítico que proclama el gobierno de Javier Milei en su agenda internacional acaba de cobrar una factura escandalosa que pone en riesgo el histórico reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. La reciente visita y las posteriores afirmaciones del subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, dejaron al descubierto un escenario tan preocupante como escandaloso: Washington no solo monitorea sin rodeos el tratamiento de la llamada Ley Malvinas en el Congreso argentino para blindar los negocios de sus empresas, sino que además empuja un plan en la ONU que desmantelaría el principal foro internacional donde el país denuncia la ocupación colonial británica.
La desfachatez con la que la diplomacia de la Casa Blanca interviene en el debate legislativo local expone la alarmante debilidad e indolencia del Palacio San Martín. Al asegurar sin tapujos que observa con extremo interés las iniciativas que afectan los rendimientos del capital estadounidense en territorio nacional, el enviado de Washington dejó en evidencia que las prioridades de la política exterior libertaria parecen estar redactadas en inglés y supeditadas al beneficio corporativo extranjero, mientras la Casa Rosada calla, avala y retrocede en casilleros estratégicos que costaron décadas de esfuerzo diplomático reconstruir.
La gravedad del cuadro se profundiza aún más con la intención explícita de la administración estadounidense de eliminar el Comité Especial de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas. Bajo el flojo argumento de agilizar el funcionamiento del organismo internacional y erradicar estructuras supuestamente ineficientes, el plan norteamericano pretende disolver la trinchera clave donde la diplomacia argentina logra año tras año el respaldo mayoritario para sentar al Reino Unido a negociar. El cinismo de la diplomacia norteamericana, que justifica este avance sobre los organismos multilaterales apelando a viejos rencores por posturas desfavorables a sus propios intereses de dominación, encuentra en el Ejecutivo argentino a un socio extrañamente dócil y complaciente.
Esta peligrosa pasividad oficial no representa un simple tropiezo diplomático, sino la consumación de un modelo de gestión dispuesto a rematar el capital geopolítico del país con tal de sobreactuar su pleitesía ideológica. Mientras las corporaciones internacionales se frotan las manos ante los guiños legislativos del oficialismo, el reclamo imprescriptible por nuestro territorio austral sufre un embate inédito, auspiciado por la prepotencia de Washington y facilitado por un Gobierno que prefiere la subordinación antes que la defensa irrestricta de la Patria.
