El juez Ariel Lijo amplió la acusación contra Diego Spagnuolo, exabogado personal de Javier Milei, e imputó a empresarios por la compra de insumos con sobreprecios astronómicos.

La bandera anticorrupción que enarbola el gobierno libertario sufrió un colapso definitivo en los tribunales federales. En un contundente fallo de 553 páginas, el juez federal Ariel Lijo dictó el último viernes 24 nuevos procesamientos en el marco del denominado “Coimagate”, la mega causa penal que desnudó una red delictiva enquistada en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) bajo la administración de Javier Milei. La investigación comandada por el fiscal Franco Picardi comprobó la existencia de contrataciones totalmente direccionadas, la sobrefacturación escandalosa de medicamentos e insumos ortopédicos y un sofisticado entramado de lavado de activos para canalizar los sobornos cobrados.

Esta nueva tanda de resoluciones judiciales se suma a los 19 procesamientos que ya había firmado en el inicio del expediente el juez Sebastián Casanello. De acuerdo con el fallo firmado por Lijo, en el organismo estatal operó una genuina “organización delictiva integrada por funcionarios y agentes de la ANDIS —principalmente Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini—”, quienes facilitaron la maniobra en complicidad con los operadores externos Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian. La red se complementaba con empresarios y proveedores beneficiados por licitaciones armadas a medida, además de prestanombres encargados de mover, trasladar y blanquear las comisiones ilegales mediante giros bancarios y operaciones con criptoactivos.

El principal implicado en la causa es Diego Spagnuolo, íntimo amigo personal de Milei que se desempeñó como su abogado particular hasta el estallido del escándalo institucional. Spagnuolo ejerció la titularidad de la ANDIS desde el 28 de diciembre de 2023 hasta el 21 de agosto de 2025, fecha en que fue despedido tras la filtración de audios donde revelaba la existencia de un mecanismo de recaudación que exigía el 3% de retorno para Karina Milei, hermana del Presidente y Secretaria General de la Presidencia. El juez Lijo amplió ahora su procesamiento, que ya incluía una imputación dictada en febrero como jefe de una asociación ilícita por la compra irregular de remedios, extendiendo los cargos al direccionamiento de contratos de insumos bajo los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta agravada, trabándole un embargo colosal de $47.100.829.143,44.

En este segundo tramo de la causa penal, los investigadores judiciales colocaron la lupa sobre las compulsas del rubro “insumos”, abarcando los segmentos de amputaciones, traumatología, cardio, neuro, sillas, andadores e implantes auditivos. La instrucción demostró que los funcionarios libertarios replicaron en este sector el mismo esquema delictivo utilizado con los medicamentos. Durante el período examinado se analizaron contrataciones por un monto total de $82.881.754.989, detectándose una altísima concentración de mercado en favor de firmas amigas: en amputaciones, las empresas vinculadas a la familia Sagues obtuvieron el 53% de los contratos; en cardio, la firma Farma Salud S.R.L. se adueñó del 90% de las adjudicaciones; en el área de neuro, Farma Salud junto a Neurosalud S.A. acapararon cerca del 90% de los montos; mientras que en sillas de ruedas y andadores sólo cuatro proveedores concentraron el 70% de las partidas oficiales.

De la compulsa de precios practicada por el juzgado y los dictámenes de la fiscalía surgieron sobreprecios documentados por $1.849.277.963 únicamente en el rubro insumos. Al sumar este desvío con los $5.984.594.394,24 detectados previamente en el expediente de los medicamentos, la afectación provisional al erario público asciende a la suma de $7.833.872.357,24, guarismo que la Justicia considera apenas un piso mínimo dentro de un universo de compras mucho más amplio. El peritaje técnico confeccionado el 10 de abril pasado por la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud arrojó diferencias grotescas: por ejemplo, la ANDIS le pagó $425.000.000 a Farma Salud S.R.L. por un sistema de válvulas bicaval que el PAMI cotizó en $124.200.000, desembolsó $369.800.000 por una endoprótesis aortobílica que valía $17.850.000 y abonó $18.000.000 a la empresa Imnova S.A. por una silla de traslado postural cuyo valor nacional de referencia era de tan solo $945.000.

El dictamen judicial ratificó el rol de los jefes de la banda criminal. Junto con la ampliación de procesamiento contra Spagnuolo, Lijo embargó por $47.004.734.143,44 a Daniel Garbellini, exdirector del Programa Incluir Salud que administraba el sistema informático de compras SIIPFIS. En tanto, al operador externo Miguel Ángel Calvete —quien cobraba retornos de entre el 12% y el 20% a los empresarios— le amplió el procesamiento por negociaciones incompatibles, fraude y lavado de dinero, con un embargo de $47.139.549.551. La nómina de procesados se completó con funcionarios de menor rango como Fabián Parlakian, Matías Bértola, Alberto Denholm y Lautaro Brítez, sumado a los empresarios Mariano Sagues, Christian Sagues, Vicente Sagues, Patricio Acosta, Emilio Olguín, Evangelina García, Claudio Kahn, Martín Armella, Osmar Caballi, Humberto Maone, Nicolás Luna, Fabián Piedimonte y Gustavo Bernat, al tiempo que se dictó la falta de mérito para otros 11 indagados.

La fase más oscura del fallo salpica a financistas vinculados a los aliados políticos de la Casa Rosada en el capítulo dedicado al blanqueo de los sobornos. Según la resolución, Calvete canalizó los fondos ilícitos a través de Alan Pocovi —empresario ligado a la familia Menem— y de Sergio Daniel Mastropietro, exsocio de Federico “Fred” Machado, el financista del diputado oficialista José Luis Espert que actualmente permanece detenido en los Estados Unidos por fraude y lavado de activos. Los expedientes registran que el dinero fue blanqueado mediante la emisión de facturas truchas por falsos alquileres de aviones a la empresa Baires Fly S.A., e inyectado en criptomonedas a través de la aplicación Neblockchain. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) constató facturaciones simuladas de Baires Fly S.A. a las firmas involucradas en la ANDIS por un total de $1.097.248.516.

El cerrojo probatorio sobre las complicidades oficiales se consolidó con las pruebas telefónicas y los registros de visitas al domicilio de Spagnuolo en el barrio cerrado Altos de Campo Grande. Allí consta que Kevin Pocovi, hermano de Alan, visitó al entonces funcionario libertario en cinco oportunidades durante 2024, mientras que Mastropietro ingresó a la vivienda el 30 de marzo y el 3 de mayo de 2025 en compañía de Calvete. Ante este plexo de pruebas, Lijo procesó por asociación ilícita y lavado de dinero a Alan Pocovi con un embargo de $889.518.368, e imputó bajo los mismos cargos a Mastropietro con un embargo de $4.010.254.064, dejando al descubierto una estructura de corrupción sistémica que perfora la línea de flotación del discurso de la austeridad libertaria.