La Justicia Federal investiga una trama clandestina de desvío de fondos públicos mediante sueldos truchos, retornos obligatorios y viáticos inflados que salpica a veinticinco oficiales y civiles.

El discurso libertario de la transparencia y la supuesta depuración de las estructuras del Estado acaba de sufrir un golpe demoledor en una de las áreas más mimadas por la Casa Rosada. En medio de un ajuste presupuestario brutal que destruye los ingresos de la mayoría social, la Justicia Federal comenzó a investigar un megafraude de más de 1.600 millones de pesos en el corazón de la Armada Argentina. El desfalco, originado a partir de liquidaciones salariales irregulares, pagos a personal fantasma y la exigencia de retornos sobre complementos de haberes, deja al desnudo el descontrol administrativo y la complicidad funcional de una gestión nacional que prefiere la sobreactución mediática antes que la vigilancia real de los fondos públicos.

La causa penal recayó en el Juzgado Federal Número Dos tras una serie de testimonios internos que rompieron el pacto de silencio en la fuerza naval. Al menos siete uniformados denunciaron que desde el área contable se les acreditaban suplementos extraordinarios con la orden estricta de devolver una porción en efectivo para su posterior reparto entre los mandos que manejaban las liquidaciones. A este esquema de extorsión interna se suma una maniobra todavía más grave: el desvío sistemático de partidas utilizando datos de agentes retirados o dados de baja para seguir cobrando sueldos inexistentes, además de la adulteración grosera de comprobantes en viáticos para misiones al exterior. En total, unos veinticinco oficiales y empleados civiles quedaron bajo la lupa judicial en una causa que expone una estructura criminal enquistada que operó con total impunidad.

Frente a la inminencia del escándalo, el Ministerio de Defensa a cargo de Luis Petri intentó desligarse del desastre mediante un comunicado de ocasión, asegurando que aplicará tolerancia cero y que fue la propia cartera la que radicó la denuncia tras constatar las inconsistencias. Sin embargo, la reacción tardía no alcanza para disimular la ineptitud política de las autoridades libertarias. Mientras el titular de la cartera dedica su tiempo a posar con uniforme de combate y montar espectáculos publicitarios para redes sociales, los mecanismos elementales de auditoría estatal brillan por su ausencia, permitiendo que miles de millones de pesos se fuguen por las cañerías de la administración pública sin que ningún radar oficial detectara la sangría a tiempo.

Este gravísimo desvío de caudales públicos detona el relato gubernamental que pregona el fin de los privilegios y la eficiencia fiscal. Javier Milei y su equipo han congelado presupuestos universitarios, recortado la provisión de alimentos en los comedores populares y licuado los haberes jubilatorios bajo el pretexto de que no hay plata, pero puertas adentro de las Fuerzas Armadas los fondos del Estado continúan drenando hacia circuitos oscuros y bolsillos particulares. Con una cifra millonaria bajo sospecha y una investigación que recién comienza a destapar complicidades en los despachos castrenses, la gestión de Milei queda atrapada en sus propias contradicciones, demostrando que el rigor de la motosierra solo se aplica sobre los sectores más vulnerables mientras la corrupción histórica sigue gozando de buena salud.