La Conadu convocó a una huelga nacional mientras crece el conflicto por el financiamiento universitario y los salarios, con una nueva marcha federal prevista para el 23 de abril.
Las universidades nacionales de todo el país comenzaron el ciclo lectivo atravesadas por un fuerte conflicto. La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) convocó a una semana de paro que afecta el inicio de clases y anticipa un plan de lucha que se extenderá durante todo el cuatrimestre.
La medida de fuerza también cuenta con el acompañamiento de gremios no docentes y de distintos sectores de la comunidad universitaria, que denuncian un grave deterioro salarial y presupuestario. Según los sindicatos, en las condiciones actuales “la situación no puede seguir”.
El conflicto tiene como telón de fondo el debate por el financiamiento de las universidades públicas y la decisión del gobierno de Javier Milei de impulsar cambios en la normativa vigente.
El reclamo por los fondos y los salarios
Las autoridades universitarias habían solicitado un presupuesto cercano a 7,2 billones de pesos para garantizar el funcionamiento del sistema, mientras que la propuesta del Ejecutivo contempla alrededor de 4,8 billones.
Además, la comunidad universitaria exige el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que establece una recomposición salarial superior al 50 por ciento para docentes y trabajadores.
Sin embargo, el Gobierno busca modificar esa norma y propone un incremento cercano al 12 por ciento, una cifra que los gremios consideran insuficiente frente a la inflación acumulada.
Paro nacional y plan de lucha
En ese contexto, las aulas permanecieron vacías en muchas universidades del país. Según estimaciones sindicales, alrededor del 10 por ciento de los docentes ya abandonó sus cargos por la pérdida del poder adquisitivo.
Clara Chevalier, secretaria general de CONADU, advirtió que la docencia universitaria atraviesa “una gravedad inédita”, con una pérdida salarial que ronda el 51 por ciento.
El gremio resolvió iniciar el año académico con una semana de paro y continuar con medidas progresivas durante todo el semestre, incluyendo nuevas huelgas y una marcha federal universitaria prevista para el 23 de abril.
Universidades, justicia y conflicto político
La tensión también llegó al plano judicial. Tras la sanción de la ley de financiamiento, el Gobierno la vetó en dos oportunidades. El segundo veto fue rechazado por el Congreso, por lo que la norma se mantiene vigente.
Ante la falta de cumplimiento, las universidades recurrieron a la Justicia y el juez Martín Cormick dictó una medida cautelar que ordena aplicar el financiamiento previsto. Sin embargo, el Ejecutivo apeló la decisión, lo que mantiene el conflicto abierto.
Desde el sistema universitario advierten que el escenario podría agravarse en las próximas semanas. Mientras el Gobierno intenta avanzar con una modificación de la ley en el Congreso, docentes, autoridades y estudiantes anticipan que el conflicto recién comienza.
