Más del 88% de los expositores se opuso a la modificación de la ley 26.639. Mientras avanzan las audiencias, crecen los cuestionamientos y la posibilidad de una consulta popular.
La primera jornada de audiencias públicas por la reforma de la Ley de Glaciares se desarrolló en medio de tensiones, reclamos por la participación y un rechazo mayoritario a la iniciativa. De los 95 oradores que expusieron, 84 se manifestaron en contra del proyecto impulsado por el oficialismo.
La actividad, que continuará este jueves 26 de marzo, se da en un contexto atravesado por intervenciones judiciales, denuncias de irregularidades y versiones sobre un posible tratamiento legislativo acelerado en Diputados.
Audiencias marcadas por el conflicto y la baja participación efectiva
Aunque hubo más de 120.000 inscriptos, solo 196 fueron habilitados para participar y menos de la mitad logró exponer en esta primera jornada. El dato no pasó desapercibido: organizaciones, especialistas y legisladores opositores cuestionaron la representatividad del proceso.
A eso se sumaron decisiones que tensaron aún más el clima. El plenario redujo el tiempo de exposición de cinco a cuatro minutos y dio por finalizada la audiencia tras 12 horas, aun cuando quedaban oradores presentes. También hubo reclamos por restricciones en el ingreso al Congreso, en medio de un operativo policial en las inmediaciones.
En paralelo, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, a cargo del juez Enrique Lavié Pico, rechazó medidas cautelares que buscaban ampliar la participación, lo que terminó de consolidar el malestar en torno al proceso.
Qué cambia en la ley y por qué genera tanta resistencia
El proyecto de reforma introduce modificaciones clave en la ley 26.639, especialmente en los artículos 4° y 6°, que habilitan a las autoridades provinciales a definir cuándo un glaciar o ambiente periglaciar es considerado “estratégico”. También les otorga mayor margen para intervenir en el Inventario Nacional de Glaciares.
Para quienes se oponen, este punto es central: advierten que se flexibilizan los controles y se abre la puerta a decisiones discrecionales que pueden afectar la protección de reservas hídricas. Además, cuestionan que la reforma podría entrar en conflicto con principios ambientales y derivar en una judicialización que termine afectando la seguridad jurídica que busca promover.
Las críticas también apuntan al impacto ambiental y al carácter interjurisdiccional de los glaciares, mientras que desde sectores vinculados a la minería defienden la iniciativa por su potencial para atraer inversiones. Se estima que hay al menos cinco proyectos en evaluación que podrían representar unos 30.000 millones de dólares.
En este escenario, diputados de Unión por la Patria impulsaron un proyecto para convocar a una consulta popular vinculante con una pregunta directa: si la ciudadanía está de acuerdo con habilitar proyectos mineros en zonas de glaciares y periglaciares.
El debate sigue abierto, pero el arranque dejó una escena difícil de ordenar: una discusión que busca ampliarse mientras, al mismo tiempo, muchos insisten en que todavía no están pudiendo participar.
