En el Día Internacional de las Víctimas de la Esclavitud, el gobierno de Javier Milei rechazó una resolución respaldada por amplia mayoría y se alineó con Estados Unidos e Israel.
En una decisión que generó fuerte controversia, la Argentina votó en contra de una resolución en la Organización de las Naciones Unidas que reafirma la esclavitud como crimen de lesa humanidad y promueve el debate sobre reparaciones históricas. La iniciativa, impulsada por Ghana, fue respaldada por 123 países, mientras que solo tres votaron en contra: Argentina, Estados Unidos e Israel.
La votación se dio en el marco del Día Internacional del Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica, una fecha de profundo significado global que busca mantener viva la memoria histórica y reflexionar sobre las consecuencias actuales del racismo estructural.
Un voto que rompe consensos históricos
El posicionamiento del gobierno de Javier Milei tensiona compromisos asumidos por el propio Estado argentino en materia de derechos humanos. La Constitución Nacional, a través del artículo 75 inciso 22, otorga jerarquía constitucional a tratados internacionales que reconocen la esclavitud como un crimen de lesa humanidad.
Además, Argentina adhirió al Programa de Acción de Durban en 2001, donde se establece de manera explícita que la esclavitud y la trata transatlántica constituyen una de las principales fuentes del racismo contemporáneo. Se trata de un consenso internacional consolidado durante décadas.
Aislamiento y retroceso en derechos humanos
El resultado de la votación —con 123 países a favor, 3 en contra y 52 abstenciones— deja a la Argentina en una posición de aislamiento dentro del sistema internacional. En una jornada dedicada a la memoria de las víctimas, la decisión oficial fue desmarcarse de una resolución que retoma principios ya aceptados previamente por el país.
Este movimiento refuerza una línea de política exterior alineada con Estados Unidos e Israel y marca un quiebre con la histórica tradición argentina en materia de derechos humanos. Para distintos sectores políticos y sociales, se trata de un gesto que no solo genera preocupación, sino que también representa un retroceso en la defensa de consensos básicos construidos a nivel global.
