En la primera sesión de la Cámara de Diputados con la nueva composición surgida tras las elecciones, el Gobierno consiguió aprobar en general el Presupuesto 2026, el primero que Javier Milei logra validar desde que asumió la Presidencia. Sin embargo, pese a intensas negociaciones contra reloj, el oficialismo no logró sostener el capítulo 11, que incluía la derogación de las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Discapacidad, además de otros artículos sensibles.

El proyecto fue aprobado en general con 132 votos a favor, 97 en contra y 19 abstenciones. Entre quienes se abstuvieron se destacó el bloque de Provincias Unidas, que resultó clave para alcanzar el quórum, aunque optó por diferenciarse presentando su propio dictamen.

Acompañaron la iniciativa los bloques del PRO, la UCR, el MID, legisladores alineados con los gobernadores de Salta (Gustavo Sáenz), Misiones (Hugo Passalacqua), San Juan (Marcelo Orrego) y Neuquén (Rolando Figueroa), además de los peronistas de Tucumán (Osvaldo Jaldo) y Catamarca (Raúl Jalil).

Minutos antes de la votación, el oficialismo incorporó dos artículos al texto: uno vinculado al pago de la deuda por coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, reclamada por el jefe de Gobierno Jorge Macri, y otro que asigna $21.300 millones adicionales al Ministerio Público Fiscal. Ambos fueron incluidos dentro del capítulo 11, junto con el artículo 75, que establecía la derogación de las leyes de Universidades y Discapacidad.

La estrategia del Gobierno fue forzar la votación por capítulos y no por artículos, con el objetivo de blindar ese conjunto de disposiciones. La maniobra generó malestar incluso entre aliados. El jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, cuestionó públicamente el procedimiento y sugirió que el Ejecutivo negociaba apoyos para derogar esas normas a cambio de lugares en la Auditoría General de la Nación (AGN). Poco después, la cuenta oficial del PRO en la red X expresó su enojo y denunció la existencia de un acuerdo político que involucraría a sectores de Unión por la Patria.

En ese clima, comenzaron a circular versiones sobre una eventual oferta de un cargo en la AGN para la exdiputada salteña Pamela Caletti, vinculada al bloque Innovación Federal, que agrupa a legisladores cercanos a Sáenz y a referentes del Frente Renovador de la Concordia de Misiones.

Finalmente, y contra los cálculos del propio oficialismo, el capítulo 11 fue rechazado en su totalidad, con 123 votos negativos contra 117 afirmativos. Además de la derogación de las leyes de Universidades y Discapacidad y la coparticipación de CABA, ese capítulo incluía un recorte al beneficio de la tarifa de gas en Zonas Frías, la eliminación de la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo y un mecanismo de compensación a distribuidoras eléctricas por deudas con Cammesa.

Mientras los diputados salteños votaron a favor, los misioneros del Frente Renovador de la Concordia lo hicieron en contra y difundieron un comunicado en el que aclararon que acompañaban el Presupuesto en general, pero rechazaban la derogación de las normas vinculadas a discapacidad y financiamiento universitario.

La Libertad Avanza había logrado que el cuerpo aceptara votar el proyecto por capítulos, una modalidad que rechazaba la oposición. Sin embargo, la jugada terminó volviéndose en contra del oficialismo y provocó la caída completa de ese apartado.

Hasta ahora, el Gobierno había gobernado con la prórroga del Presupuesto 2023, elaborado durante la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía. El año pasado, ante la falta de acuerdos, el oficialismo incluso levantó el debate en comisión, entonces presidida por José Luis Espert.

Esta vez, fortalecido en Diputados y bajo la presión del Fondo Monetario Internacional, que reclamó mayor gobernabilidad, el Ejecutivo encaró una negociación más amplia. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, encabezaron las conversaciones con los gobernadores, que incluyeron la distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), compromisos de asistencia financiera, el envío de un proyecto de reforma de la Ley de Glaciares —reclamado por provincias mineras— y la inclusión de obras públicas previamente descartadas.

La Libertad Avanza, que hasta hace pocas semanas contaba con 37 diputados, estrenó una bancada de 95 legisladores, lo que, sumado a los acuerdos con mandatarios provinciales, permitió acelerar el tratamiento del Presupuesto.

El quórum, sin embargo, fue uno de los primeros focos de tensión de la jornada. El número se mantuvo durante varios minutos cerca de los 126 diputados, hasta que Nicolás Massot, de Provincias Unidas, se sentó en su banca y dio la señal para que su bloque hiciera lo mismo, lo que permitió alcanzar los 129 presentes necesarios para abrir la sesión.

El debate

El encargado de defender el proyecto fue el presidente de la comisión de Presupuesto, Alberto “Bertie” Benegas Lynch, quien centró su exposición en la necesidad de sostener el equilibrio fiscal. “Se intenta mostrar este Presupuesto como contrario a la contención social, pero la gente entendió que bajar el gasto del Estado también es una forma de contención”, sostuvo.

Desde la oposición peronista, Victoria Tolosa Paz cuestionó el contenido del texto y lo definió como “un Presupuesto de ajuste y pérdida de derechos”. “Nos negamos a convalidar una salida con más ajuste, más recesión, pérdida de empleo, caída del salario y destrucción del entramado PyME e industrial”, afirmó.

Las principales proyecciones

El proyecto enviado al Congreso en septiembre prevé para 2026 un crecimiento del 5% del PBI, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio de $1.423 por dólar hacia fines de ese año.

Para el cierre de 2025, el texto estimaba una inflación del 24,5%, aunque tras conocerse el dato de noviembre, el mercado descuenta que el índice rondará el 31%.

El Presupuesto proyecta además un superávit primario del 1,5% del PBI y un superávit financiero del 0,2%, luego del pago de intereses de la deuda. También calcula un crecimiento del 10,6% de las exportaciones y del 11% de las importaciones.

En términos de demanda, se prevé un aumento del 4,9% del consumo privado, una suba del 1,2% del consumo público y un crecimiento de la inversión del 9,4%, aunque a un ritmo menor que el registrado el año anterior.