La Justicia ordenó retener su dieta parlamentaria hasta cubrir cerca de $40 millones. La legisladora de La Libertad Avanza enfrenta además otras demandas civiles por operaciones inmobiliarias sin cumplir.

La diputada nacional Lorena Villaverde, referente de La Libertad Avanza, fue alcanzada por un embargo preventivo sobre su sueldo y su aguinaldo, en el marco de una demanda civil por la venta de terrenos que nunca fueron entregados. La medida fue dispuesta por un juez de Bariloche, quien ordenó retener sus remuneraciones hasta cubrir $27 millones de capital y otros $13,5 millones en concepto de intereses y costas judiciales.

El fallo se originó a partir de la denuncia de un comprador barilochense que adquirió un lote mediante boleto de compraventa, con la promesa de un desarrollo que incluía calles internas de ripio, provisión de agua potable, electricidad y alumbrado público. A más de tres años de la firma del contrato, el terreno no fue entregado y las obras comprometidas nunca se realizaron.

Este caso se suma a otros expedientes judiciales que involucran a la diputada. En los últimos días, Villaverde fue demandada nuevamente en el Juzgado Civil y Comercial N° 9 de San Antonio Oeste, donde otro damnificado reclama una indemnización superior a $30 millones por el incumplimiento en la compraventa de un terreno en Las Grutas. En esa causa también se solicitó un nuevo embargo preventivo.

La acción fue presentada por el Estudio Jurídico Santos & Arizcuren, de Viedma, y está vinculada a un contrato firmado en septiembre de 2020 por la compra de un lote del fraccionamiento denominado “Tajamar”, con una superficie de 465,80 metros cuadrados. En agosto pasado, ese mismo juzgado ya había ordenado un embargo preventivo de hasta $50 millones contra la legisladora.

Frente a otras dos demandas similares, Villaverde optó por homologar acuerdos extrajudiciales con dos mujeres damnificadas. Para evitar el avance de los juicios, aceptó pagar $12 millones y $10 millones, respectivamente, en cuotas mensuales.

En distintos expedientes vinculados al loteo Tajamar, la diputada argumentó que la pandemia provocó demoras en las obras y extendió los plazos de entrega. Sin embargo, las presentaciones judiciales señalan problemas más estructurales. Antes de 2020, Villaverde había comenzado a promocionar esos terrenos ubicados en la zona sur de Las Grutas, sobre la costa rionegrina, que según los planos catastrales del municipio de San Antonio Oeste figuran como zona rural y carecen de habilitación para construir.

Abogados de los demandantes sostienen que el loteo no cuenta con aprobación formal municipal, ni autorización conforme a la ordenanza vigente, ni inscripción catastral, ni trazado urbano aprobado, ni apertura legal de calles. Estas irregularidades, remarcan, impiden obtener permisos de edificación, factibilidad de servicios básicos y avanzar con la escrituración.

“Los contratos están firmados y tenían plazos concretos. Esos plazos están ampliamente vencidos y llevamos cerca de tres años litigando”, explicó en su momento Lucas Cerro, abogado que representa a varios de los damnificados.