Los docentes reclaman la aplicación de la Ley de Financiamiento ratificada por el Congreso y denuncian una pérdida salarial del 51%.

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) convocó a una semana de paro en todas las universidades públicas del país a partir del 16 de marzo para exigir la implementación de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria. Sin embargo, en la Universidad de Buenos Aires (UBA) la medida será más contundente: los docentes decidieron no iniciar el cuatrimestre y sostener una huelga por tiempo indeterminado.
La decisión fue adoptada por la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) en asamblea. Según la resolución, no regresarán a las aulas hasta que el Gobierno aplique la ley vigente y otorgue la recomposición salarial reclamada.
Una ley aprobada y no aplicada
La Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (Ley 27.795) fue sancionada en agosto de 2025. El presidente Javier Milei la vetó inmediatamente, pero en octubre el Congreso rechazó el veto con los dos tercios necesarios y la ratificó.
Pese a ello, la norma nunca fue implementada.
La ley establecía que los salarios docentes y los gastos de funcionamiento de las universidades debían actualizarse de acuerdo con la inflación. Según los gremios, eso no ocurrió.
En cambio, el Gobierno envió al Congreso un nuevo proyecto de financiamiento universitario que propone aumentos salariales del 4,1% en tres tramos, elimina la recomposición correspondiente a 2023-2024 y quita la actualización automática por inflación del INDEC.
El reclamo salarial
Los docentes universitarios sostienen que existe una pérdida acumulada del 51% entre los aumentos otorgados y la inflación registrada. Ese porcentaje es el que exigen como recomposición inmediata.
“No volvemos a las aulas hasta que nos paguen el 51% que nos deben y se cumpla la ley vigente”, señala la resolución aprobada por la asamblea de la AGD-UBA, que además plantea un plan de lucha nacional con paros, movilizaciones y medidas de visibilización en facultades y colegios.
En el plenario de gremios universitarios realizado el 27 de febrero, se definió que la semana de paro desde el 16 de marzo será el primer paso de un esquema de medidas que podría extenderse si el Ejecutivo no aplica la legislación ratificada por el Congreso.
Con este escenario, el inicio del cuatrimestre en varias universidades públicas queda atravesado por el conflicto salarial y presupuestario, mientras el Gobierno sostiene su propio proyecto de reforma del financiamiento universitario.