La avanzada privatizadora del gobierno de Javier Milei suma un capítulo especialmente grave: la entrega de las centrales nucleares argentinas —Embalse, Atucha I y Atucha II— por un valor que trabajadores del sector califican como “irrisorio” y “lesivo para la soberanía energética”. Según denunciaron empleados de Nucleoeléctrica Argentina, el Ejecutivo pretende venderlas por apenas entre el 8% y el 12% de lo invertido en las últimas dos décadas, un monto que las equipara más a una subasta que a una política energética seria.
El dato es contundente: entre 2003 y 2023 el Estado invirtió entre USD 8.600 y 8.800 millones en el desarrollo, modernización y operación del parque nuclear argentino. Sin embargo, el gobierno libertario estaría dispuesto a desprenderse del 44% del paquete accionario por apenas USD 700 a 1.000 millones, una valuación que incluso dentro del propio mercado eléctrico es considerada un disparate. “Las estamos regalando. Es una locura”, resumió Lucas Castiglioni, trabajador del sector y concejal de Fuerza Patria.
La polémica se profundiza porque la venta no sólo implica perder infraestructura sino también descapitalizar una de las pocas áreas del Estado que es superavitaria. Nucleoeléctrica Argentina tuvo ganancias superiores a $17.500 millones sólo en el primer trimestre del año, un desempeño que contrasta frontalmente con la narrativa oficial de “estructuras estatales ineficientes”. A diferencia de otras ramas energéticas, la operación nuclear argentina es reconocida internacionalmente por su alta eficiencia, control técnico y tasas de disponibilidad comparables a las de Canadá o Francia.
Pero el Gobierno avanza igual. La licitación reciente para la privatización del paquete mayoritario en las centrales —que ronda USD 200 millones por planta— deja en claro que el Ejecutivo se mueve con una velocidad que no guarda relación con la importancia estratégica de este sector. La energía nuclear no es un renglón más del mercado: es infraestructura crítica, base de la matriz energética de largo plazo y uno de los pocos ámbitos donde Argentina mantiene capacidades científicas propias a través del invap, la CNEA y el ecosistema tecnológico asociado.
A esto se suma un dato geopolítico que el Gobierno parece omitir: los países que privatizaron parcial o totalmente sus centrales (como Reino Unido en los 90) terminaron recomprándolas a costos mucho mayores porque perdieron control sobre tarifas, abastecimiento y seguridad energética. El movimiento de Milei se produce además en un contexto global donde las potencias —Estados Unidos, China, Rusia, Corea del Sur, Francia— están expandiendo sus capacidades nucleares, no desprendiéndose de ellas.
Mientras tanto, la administración libertaria justifica la liquidación alegando “eficiencia del mercado”, aunque omite que ninguna empresa privada podría sostener el nivel de tarifa regulada, inversión en seguridad y mantenimiento de estándares internacionales que hoy garantiza el Estado argentino. Para especialistas del sector, privatizar el parque nuclear es algo más que una decisión económica: es un cambio estructural en la política energética y científica del país que podría dejar a Argentina sin herramientas soberanas para planificar su futuro energético.
En un país que ya perdió control de Vaca Muerta, del litio o del sistema ferroviario en otras etapas neoliberales, la posible entrega del sector nuclear —uno de los pocos donde Argentina todavía está entre los jugadores relevantes— es leída como otro paso en la desindustrialización acelerada de la era Milei. Y, como advirtieron los trabajadores, esta vez el costo podría sentirse durante generaciones.
