El Gobierno celebró la incorporación de beneficiarios de Volver al Trabajo a McDonald’s, pero organizaciones sociales denuncian que el verdadero objetivo es desmantelar las políticas de fortalecimiento de la economía popular.
El ingreso de titulares de Volver al Trabajo a una cadena de comida rápida fue presentado por el Ministerio de Capital Humano como un caso exitoso de inserción laboral. Sin embargo, el anuncio abrió una fuerte polémica porque expone el cambio de rumbo que impulsa la gestión de Javier Milei: abandonar las políticas destinadas a fortalecer cooperativas, emprendimientos y unidades productivas para orientar a sus beneficiarios hacia el empleo privado, incluso en un contexto de creciente precarización del mercado de trabajo.
Del fortalecimiento de cooperativas a la intermediación con grandes empresas
La estrategia oficial comenzó a delinearse con el intento de desmantelar Volver al Trabajo, el programa que reemplazó al Potenciar Trabajo y que alcanza a más de 900.000 personas. Aunque una medida cautelar mantiene vigente la prestación hasta que la Justicia resuelva la cuestión de fondo, el Gobierno insiste en reemplazar ese esquema por capacitaciones y mecanismos de vinculación con empresas privadas.
Para la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el anuncio sobre McDonald’s no representa una política de generación de empleo, sino un cambio de paradigma. Desde la organización aseguran que menos del 10% de los beneficiarios se inscribió en los cursos promovidos por el oficialismo y sostienen que el Ejecutivo intenta instalar la idea de que la única salida posible para quienes integran la economía popular es incorporarse como mano de obra de grandes compañías, mientras reduce las herramientas destinadas a sostener cooperativas y emprendimientos autogestionados.
Más trabajadores pobres en un mercado laboral cada vez más deteriorado
El giro impulsado por el Gobierno ocurre en un escenario donde el problema ya no pasa únicamente por conseguir trabajo, sino por la calidad de esos empleos. Según distintos relevamientos, seis de cada diez personas pobres en edad de trabajar ya tienen una ocupación y, aun así, sus ingresos no alcanzan para cubrir una canasta básica. Al mismo tiempo, informes del Centro de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETYD) muestran que entre 2025 y 2026 se perdieron más de 240.000 puestos formales, mientras crecieron con fuerza las ocupaciones informales, tanto asalariadas como independientes.
Las organizaciones sociales advierten que el modelo que impulsa la administración libertaria desconoce el rol que cumple la economía popular en todo el país. Cooperativas textiles, de construcción, reciclado, agricultura familiar, producción de alimentos y redes comunitarias de cuidado sostienen la actividad económica de miles de familias que hoy siguen percibiendo un ingreso congelado en $78.000 desde hace dos años. Para sus referentes, el problema no es que un trabajador consiga empleo en una empresa privada, sino que el Estado abandone las políticas destinadas a fortalecer ese entramado productivo para ofrecer como única alternativa puestos caracterizados por bajos salarios, alta rotación y condiciones laborales cada vez más precarias.:::
