Los familiares de los 44 tripulantes estallaron de indignación ante la impunidad de los otros tres altos oficiales que llegaron al banquillo totalmente absueltos.
El reclamo de justicia por la mayor tragedia naval de la historia argentina reciente chocó contra un veredicto que reabrió las heridas del dolor y la impunidad. Tras un extenuante juicio oral de más de cuatro meses, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Río Gallegos dictó sentencia en la causa que investiga el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido el 15 de noviembre de 2017. El fallo generó una ola inmediata de indignación y polémica: los jueces condenaron a una pena de apenas tres años de prisión en suspenso al capitán Claudio Javier Villamide, mientras que absolvieron de toda responsabilidad penal a los otros tres altos mandos de la Armada que llegaron acusados al debate.
Villamide, quien se desempeñaba como comandante de la Fuerza de Submarinos al momento del colapso de la unidad en el Atlántico Sur, fue hallado responsable de los delitos de estrago culposo agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Sin embargo, para los familiares de las víctimas y las querellas, el sabor del veredicto es profundamente amargo. La decisión de los jueces Mario Gabriel Reynaldi, Luis Alberto Giménez y Enrique Nicolás Baronetto dejó en total libertad y sin cargos al contralmirante Luis Enrique López Mazzeo y a los capitanes Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa, desguazando la cadena de mandos que autorizó la navegación de la nave pese a las fallas reportadas.
Una sentencia que consagra la desazón de los familiares
La lectura de los fundamentos del fallo intentó, de manera infructuosa, morigerar el impacto político de una resolución que deja la muerte de los 44 tripulantes prácticamente sin culpables tras las rejas. En el texto de la sentencia, los magistrados argumentaron que el proceso judicial buscó deslindar responsabilidades penales de naturaleza estrictamente funcional, intentando desligar el polémico fallo del “dolor irreparable de las familias” y la memoria de los héroes que perdieron la vida en cumplimiento del deber.
La absolución masiva de la cúpula naval reaviva la denuncia histórica de los allegados de las víctimas sobre un pacto de encubrimiento institucional que cruzó a los distintos gobiernos desde el siniestro. Mientras los familiares evalúan los caminos legales para apelar de forma urgente ante la Cámara de Casación Federal, la sentencia de Río Gallegos deja un precedente sumamente preocupante para la seguridad de las Fuerzas Armadas, donde el naufragio de un buque de guerra y la pérdida de toda su tripulación se salda con una condena mínima que no contempla la prisión efectiva para sus máximos responsables.
