El Gobierno formalizó en Hamburgo su demanda contra el proyecto Sea Lion. La oposición cuestiona la estrategia oficial y advierte sobre concesiones a intereses externos en la gestión de los recursos soberanos.
El Gobierno de Javier Milei formalizó este martes su presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) en Hamburgo, Alemania, con el objetivo de “impedir la explotación de hidrocarburos” en las Islas Malvinas por parte de empresas petroleras británicas. En un nuevo capítulo de su giro discursivo, la administración nacional sostuvo firmemente que el Reino Unido no puede negarse a negociar la soberanía y, simultáneamente, avanzar sobre la explotación de los recursos del territorio en disputa.
La de este martes fue la primera audiencia destinada a escuchar los planteos de ambas partes en suelo alemán, a la espera de la respuesta británica y de una segunda ronda de exposiciones prevista para el día miércoles. Como era de esperarse, la estrategia argentina apuntó directamente contra el proyecto Sea Lion, una iniciativa que contempla una explotación petrolera durante treinta y cinco años, con veintitrés pozos de producción y nuevas etapas de desarrollo proyectadas en la cuenca Malvinas Norte, ubicada a unos doscientos kilómetros al norte de las islas. Desde la delegación remarcaron que el país ha rechazado sistemáticamente las licencias y decisiones unilaterales británicas, reiterando además una convocatoria al diálogo en agosto de este año que fue formalmente desestimada por Londres.
La comitiva oficial que se encuentra operando en Hamburgo en el marco de la misión del caso está integrada por un equipo jurídico de primer nivel: la Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzábal Murphy; el consejero legal de la Cancillería y agente ante el Tribunal, Mario Oyarzábal; la embajadora argentina en Alemania, Betina Pasquali de Fonseca, como co-agente; y los reconocidos internacionalistas Marcelo Kohen y Nico Schrijver a cargo de la defensa jurídica, acompañados por el asesor jurídico Agustín Giustiniani. Si bien la delegación buscó destacar que se trató de una defensa jurídica sólida y contundente, los sectores opositores encendieron todas las alarmas y aseguran que la Casa Rosada cedió a intereses externos y estadounidenses en la redacción de la Ley de Soberanía Nacional.
El trasfondo administrativo y judicial de la causa comenzó a gestarse el pasado 28 de septiembre, cuando el Ejecutivo comunicó su decisión formal de iniciar un procedimiento de arbitraje amparado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). Dicho acuerdo internacional, suscripto en 1982, contempla expresamente al Tribunal Internacional del Derecho del Mar entre los organismos habilitados para intervenir en disputas vinculadas a su cumplimiento. Posteriormente, el 13 de octubre, la Argentina formalizó ante el propio Tribunal un pedido urgente de medidas provisionales con la meta precisa de detener el avance del proyecto petrolero Sea Lion. Dicha iniciativa extractiva se encuentra impulsada por la compañía israelí Navitas, que concentra el sesenta y cinco por ciento de la participación societaria, y por la firma británica Rockhopper, propietaria del treinta y cinco por ciento restante, con un plan que proyecta iniciar la producción de hidrocarburos en el año 2028.
