En las provincias crece el escepticismo sobre la profundidad real de la reforma laboral que impulsa el presidente Javier Milei.

Gobernadores y referentes económicos coinciden en que el proyecto no implicará transformaciones de fondo en el sistema de empleo argentino, sino que se trata más bien de un gesto político hacia los mercados internacionales y los organismos de crédito.

En la lectura de los mandatarios provinciales, el objetivo del Gobierno no es modificar el esquema laboral vigente, sino mostrar capacidad de articulación legislativa y proyectar estabilidad política frente al Fondo Monetario Internacional y a Washington, que reclaman señales de consenso institucional como condición para sostener el programa económico.

Por eso, incluso dentro del oficialismo, se comenzó a hablar de “modernización” y no de “reforma”. La semántica no es casual: los gobernadores buscan despegarse de los costos políticos que implicaría una modificación estructural del régimen laboral, en un contexto de deterioro salarial y conflictividad social creciente.

En el ámbito empresarial también predomina la cautela. Dirigentes del sector privado cuestionan que no fueron convocados para participar del diseño del proyecto, elaborado dentro del Ministerio de Capital Humano bajo la coordinación de Julio Cordero y Miguel Punte. Desde Córdoba, fuentes industriales señalaron: “No es una demanda de los grandes grupos —ni de Pagani ni de Urquía—, sino de las pymes que necesitan alivio en cargas y litigios”.

Para dotar de legitimidad institucional a la iniciativa, el Ejecutivo prevé que el texto final sea presentado ante el Congreso por el Consejo de Mayo, órgano impulsado por el propio Milei, en el que confluyen representantes de distintos sectores. Lo integran, entre otros, el gobernador Alfredo Cornejo por las provincias, Gerardo Martínez (UOCRA) por la CGT, y Martín Rapallini (UIA) por el empresariado.

Sin embargo, la falta de una negociación amplia entre actores políticos y económicos genera desconfianza. “Si fuera una reforma estructural, ya estaríamos en plena tensión institucional”, ironizó un asesor de un gobernador del centro del país. Por ahora, la conclusión general es que el texto que el oficialismo planea enviar al Congreso no modificará sustancialmente las condiciones de empleo, y funcionará más como una señal de gobernabilidad y orden para los mercados que como un verdadero cambio del modelo laboral argentino.