Mientras la CGT define su postura, ambas centrales confirmaron un paro nacional, movilizaciones federales y una escalada de protestas frente a un proyecto que califican como regresivo y antidemocrático.

A la espera de la definición de la CGT, que el próximo viernes debatirá su posición formal ante el inicio del tratamiento de la reforma laboral en el Congreso, las dos fracciones de la CTA confirmaron que realizarán un paro nacional en esa misma fecha. La decisión fue tomada durante un plenario conjunto de la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, en el marco del plan de lucha que vienen impulsando contra un proyecto del Gobierno al que consideran un ataque frontal a la clase trabajadora.

La medida de fuerza coincidirá con el comienzo del debate parlamentario de la ley y estará acompañada por una agenda de movilizaciones que busca “federalizar la lucha”. En ese sentido, ambas centrales ratificaron la convocatoria a marchar el 5 de febrero en Córdoba y el 10 en Rosario, además de sumarse a la movilización a Plaza de Mayo del 7 de febrero, bajo la consigna #7Antifascista, Antirracista y Antiimperialista, como respuesta al ajuste y al avance del autoritarismo.

Desde la conducción sindical no ahorraron críticas. Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, advirtió que la reforma laboral “no es ninguna modernización”, sino “una regresión brutal que pretende llevar las condiciones laborales al siglo XIX”. Según remarcó, el proyecto apunta a eliminar conquistas históricas como las vacaciones pagas, el descanso semanal, la indemnización, la jornada de ocho horas y las garantías mínimas de protección, lo que derivaría en más precarización, informalidad, desempleo y exclusión social.

Godoy también alertó que la iniciativa busca debilitar deliberadamente al movimiento sindical para imponer un modelo de disciplinamiento y pérdida de derechos. “No es una reforma, es un retroceso”, sintetizó.

En la misma línea, Hugo Yasky, titular de la CTA de los Trabajadores, señaló que este ataque se produce en un contexto alarmante, con salarios promedio entre los más bajos de América Latina. Denunció además la pérdida de alrededor del 30% del poder adquisitivo en el sector público, los anuncios de nuevos despidos y el ahogo financiero de las provincias por la quita de recursos dispuesta por el gobierno de Javier Milei. Para Yasky, la reforma laboral forma parte de un proyecto regresivo más amplio que busca descargar la crisis sobre quienes viven de su trabajo.