Un tuit del vocero presidencial Manuel Adorni desató una fuerte polémica al anunciar la supuesta cesantía de 11 trabajadores del Hospital Garrahan por la toma de la dirección médica durante el conflicto gremial de 2025. Sin embargo, lo que el funcionario presentó como un hecho consumado es, en rigor, un informe preliminar de la oficina jurídica del hospital que no implica despidos efectivos, no fue notificado formalmente a los involucrados ni atravesó las instancias de descargo y apelación. Para los trabajadores, se trata de una represalia política contra quienes encabezaron la protesta que logró un aumento salarial del 61% y un bono extraordinario, en abierta colisión con el ajuste del gobierno de Javier Milei.
El dato no es menor: 10 de los 11 apuntados son delegados sindicales que lideraron la movilización contra la falta de presupuesto y los descuentos salariales considerados confiscatorios. La lista incluye a referentes históricos del hospital y a la titular de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), Norma Lezana, quien denunció una “violencia institucional inédita” y advirtió que se busca sancionar el derecho constitucional a la protesta. “Que Adorni tenga nuestros nombres antes que nosotros y hable de despidos es una sentencia previa”, señaló.
Lezana fue más allá y vinculó el episodio con un objetivo estructural: disciplinar al sindicalismo combativo y avanzar con un modelo que limite la organización de los trabajadores. “Lo que intentan aplicar en el Garrahan es un laboratorio de la reforma laboral que quieren aprobar en el Congreso”, sostuvo. En esa línea, remarcó que el conflicto excede lo salarial y apunta al modelo de salud pública, hoy bajo presión por recortes y reconfiguraciones administrativas.
El foco también se posa sobre el interventor Mariano Pirozzo, cuestionado por concentrar poder, desplazar instancias colegiadas y avanzar con contrataciones irregulares y cierres unilaterales, como el del jardín maternal del hospital. Los trabajadores denuncian falta de transparencia en compras y licitaciones, y alertan sobre un patrón ya visto en otras intervenciones: despidos masivos y vaciamiento.
Mientras el Gobierno intenta instalar el miedo, la reacción fue la inversa: solidaridad transversal dentro y fuera del hospital. “Si tocan a uno, nos tocan a todos”, repiten en los pasillos del Garrahan. Con conferencias y un cabildo abierto, los trabajadores buscan exponer lo que consideran un ataque directo a la salud pública y a quienes la sostienen. La pregunta que queda abierta es si el Ejecutivo está dispuesto a cruzar una línea cuyo costo político y social podría ser alto.
