La Cámara Contencioso Administrativa confirmó la cautelar y cuestionó con dureza al Gobierno. Ordenó actualizar salarios y becas y advirtió sobre el derecho a enseñar y aprender.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal le puso un nuevo límite al gobierno de Javier Milei al confirmar la medida cautelar que lo obliga a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. El fallo no solo ratifica la vigencia de la norma votada por el Congreso, sino que además expone la debilidad de los argumentos oficiales para no aplicarla.

Los jueces fueron contundentes: calificaron como “poco serios” algunos planteos del Estado y advirtieron que está en riesgo un derecho central, el de enseñar y aprender. En ese marco, ordenaron avanzar con la actualización de salarios docentes y no docentes, así como con el aumento de las becas estudiantiles.

Un fallo que desarma el argumento del ajuste

El tribunal respaldó el reclamo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional y validó que la ley no representa un impacto fiscal significativo. Según datos oficiales, su implementación implica apenas un 0,23% del PBI, un costo que los jueces consideraron menor frente a los derechos en juego.

En paralelo, remarcaron el deterioro salarial del sector universitario, con una pérdida acumulada que deja a los sueldos en niveles críticos. La decisión judicial reconoce ese escenario y sostiene que no intervenir podría generar un daño irreparable.

El fallo también frena el intento del Gobierno de esquivar la ley con interpretaciones administrativas. La Cámara fue clara: una norma votada por el Congreso y ratificada tras un veto no puede quedar suspendida por decisión del Ejecutivo.

Universidades en alerta y un conflicto que sigue abierto

Desde sindicatos y organizaciones estudiantiles celebraron la resolución y exigieron su cumplimiento inmediato. Advirtieron que, si el Gobierno no acata la medida, podría incurrir en incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Del lado oficial, ya anticiparon que apelarán ante la Corte Suprema, en un intento por dilatar la aplicación. Sin embargo, incluso ese camino aparece limitado: la propia jurisprudencia indica que el máximo tribunal no suele intervenir en medidas cautelares.

Mientras tanto, el conflicto universitario sigue escalando. Paros, movilizaciones y advertencias de profundizar el plan de lucha marcan el clima en las casas de estudio.

El fallo no cierra la discusión, pero deja algo expuesto: cuando el ajuste avanza sobre derechos básicos, la última palabra —al menos por ahora— no la tiene el Gobierno.