La Justicia bonaerense reprogramó el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona para marzo de 2026, mientras la jueza Julieta Makintach enfrenta un jury en La Plata por haber autorizado la filmación del documental que anuló el primer proceso. Dos frentes judiciales que marcan el futuro del caso más mediático del país.

A casi cinco años del fallecimiento de Diego Armando Maradona, la justicia bonaerense ha marcado una nueva fecha para el inicio del juicio oral en su causa. El tribunal de la ciudad de San Isidro, a cargo del proceso, determinó que el debate se pondrá en marcha el 17 de marzo de 2026 a las 10 de la mañana. Además, fijó una audiencia preliminar para el 12 de
noviembre del presente año, la cual servirá para definir la prueba, la lista de testigos y otros
aspectos procesales clave.

Este reinicio del proceso se debe a que el primer juicio, iniciado en marzo pasado, fue declarado nulo por irregularidades vinculadas a la filmación de un documental en el interior de la sala, autorizada por la jueza en ese momento. En consecuencia, todo el proceso debió reiniciarse desde cero, y el tribunal ahora se propone evitar nuevas controversias y asegurar la transparencia de la causa.

En el banquillo regresarán siete profesionales de la salud que asistieron a Maradona durante su internación domiciliaria: el neurocirujano, la psiquiatra, el psicólogo, el enfermero, el coordinador, una médica y un clínico. Todos ellos están acusados de “homicidio simple con dolo eventual” y “abandono de persona”, cargos que podrían derivar en penas de hasta 25 años de prisión. Asimismo, fueron rechazados los pedidos de la defensa para que el proceso se desarrollara con jurados populares, y también se rechazó un planteo de inconstitucionalidad del Código Procesal Penal bonaerense.

La jueza bajo la lupa: el jury que definirá su futuro

El reinicio del juicio por la muerte de Maradona no solo implica un nuevo debate sobre la responsabilidad médica, sino que también abrió otro frente: el de la magistrada que autorizó la filmación del documental que derivó en la nulidad del proceso. Se trata de la jueza Julieta Makintach, quien enfrenta un jury de enjuiciamiento en la ciudad de La Plata. En esta instancia se analiza su conducta judicial vinculada con el caso Maradona.

Tres abogados de La Plata fueron designados para asumir su defensa: el penalista Darío Saldaño, acompañado por Ramiro Sánchez Gamino y Luciano Rappazzo. Ellos representarán a Makintach en el proceso que puede derivar en su destitución del cargo. Por otro lado, el jurado está integrado por otros profesionales de la abogacía y legisladores, sorteados según la normativa. Entre los elementos centrales de la acusación figura la participación de Makintach en el documental “Justicia Divina”, lo que, según la acusación, vulneró la imparcialidad del tribunal.

Este procedimiento no es penal sino disciplinario-institucional: su objetivo es determinar si la conducta de Makintach es compatible con las responsabilidades propias de su cargo como jueza, y se tramita conforme al artículo 53 de la Constitución Nacional y el artículo 73 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Su futuro está ahora en manos del jurado, que deberá evaluar las pruebas, realizar audiencias y dictar una resolución que podría afectar la permanencia de la magistrada en el Poder Judicial bonaerense.

Transparencia, presión mediática y la cuenta regresiva

La causa Maradona y el juicio político a Makintach combinan elementos de alta complejidad procesal, repercusión mediática e institucionalidad judicial. El primer juicio por la muerte del astro fue un proceso de gran impacto público: declararon figuras cercanas al futbolista, como sus hijas y ex parejas, así como los profesionales que intervinieron en su tratamiento. Sin embargo, su anulación expuso los riesgos de una causa tan sobreexpuesta.

En este contexto, el tribunal busca poner en marcha una nueva etapa del proceso sin contratiempos. Al mismo tiempo, el juicio político a Makintach plantea un precedente sobre los límites del accionar público de los jueces en causas de altísima visibilidad. La simultaneidad de estas dos instancias —por un lado, la responsabilidad médica por la muerte de Maradona; por otro, la conducta de la magistrada que derivó en la nulidad del primer debate— genera una presión institucional y social considerable.

Con la nueva fecha fijada para marzo de 2026 y el jury en marcha en La Plata, ambas causas entran en una etapa decisiva. La transparencia del proceso, la integridad del tribunal, y la credibilidad del sistema judicial bonaerense están en juego. La atención ya está puesta en cada movimiento: la audiencia preliminar, la selección de testigos, los actos de defensa y acusación, y, por supuesto, el veredicto final que podría cerrar un capítulo largamente pendiente en la historia judicial argentina.