Un dramático relevamiento en quince provincias expuso la catástrofe humanitaria que desató la motosierra libertaria en los asentamientos más postergados.
La crueldad del ajuste libertario ha cruzado todos los límites éticos imaginables y ha instalado una crisis alimentaria de dimensiones intolerables en la Argentina profunda. Mientras Javier Milei insiste en un discurso triunfalista centrado en metas financieras abstractas y el desguace sistemático del Estado, la realidad en las barriadas populares es la de un abandono criminal que condena al hambre a millones de personas. Lejos de resolver las urgencias cotidianas, el programa económico de la Casa Rosada pulverizó el poder adquisitivo y retiró de cuajo la contención social, obligando a cientos de miles de familias trabajadoras a convivir con la desesperación de tener las alacenas vacías y las ollas secas.
Los resultados del segundo informe del Instituto Periferias sobre pobreza y hambre configuran una radiografía desoladora que debería hacer temblar a los despachos oficiales. El relevamiento, efectuado sobre más de cinco mil testimonios a lo largo de quince provincias, arrojó que el 42,3% de los habitantes de asentamientos debió saltear las comidas y pasar jornadas completas sin probar alimento debido a la falta de dinero. El sociólogo Daniel Menéndez, responsable del relevamiento, denunció que la imposibilidad de ingerir alimentos a lo largo de un día representa la manifestación más extrema de la inseguridad alimentaria, una vulneración directa al derecho a la vida que se profundiza al calor del retiro deliberado de las partidas alimentarias por parte de la gestión libertaria.
La angustia cotidiana de no saber si habrá cena es la regla imperante en la periferia de las grandes ciudades, donde el 83,7% de los encuestados manifestó una incertidumbre constante respecto a su capacidad de garantizar un plato en la mesa. A su vez, tres de cada cuatro hogares señalaron que sus ingresos resultan insuficientes para afrontar los gastos de subsistencia, mientras que más de la mitad vio consumirse la totalidad de sus provisiones sin tener recursos para reponerlas. La privación no se limita únicamente a deteriorar la calidad de la dieta, sino que el 57,3% de las personas consultadas reconoció haber sentido hambre física y dolorosa sin tener un solo peso en el bolsillo para mitigarlo, desnudando el costo humano incalificable que demanda sostener el dogma económico del oficialismo.
Esta emergencia humanitaria coincide con el repunte generalizado de la pobreza que vienen alertando los centros de investigación académica antes de la inminente difusión de los índices oficiales del INDEC. El último indicador elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella constató que la pobreza urbana trepó al 31,3% interanual, dejando atrapados a casi diez millones de personas en una situación de vulnerabilidad extrema y acelerando la caída de sectores de clase trabajadora hacia la miseria no indigente. Al desentenderse de los comedores populares, destruir los ingresos y festejar el achique de las prestaciones públicas más elementales, la administración de Javier Milei ha convertido el acceso a la comida en un privilegio inaccesible, orquestando una catástrofe social que día a día carcome el tejido vital del país.
