En vísperas de una masiva Marcha Federal y con cautelares judiciales ignoradas por la Casa Rosada, los rectores deben acudir a los subsuelos del Congreso ante el boicot oficialista.
La cruzada ideológica y presupuestaria de Javier Milei contra el sistema universitario público nacional ha entrado en una fase terminal que amenaza con apagar definitivamente los claustros del país. Mientras el relato libertario continúa su embestida contra la ciencia y la formación académica, la comunidad educativa entera se prepara para una nueva y multitudinaria Marcha Federal Universitaria prevista para la primera semana de octubre. Sin embargo, antes de volver a llenar las calles, las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional decidieron llevar sus reclamos de supervivencia directamente al Parlamento, enfrentándose no solo a una asfixia financiera planificada, sino también al destrato institucional y la censura parlamentaria instrumentada por los socios legislativos de la Casa Rosada.
La postal en el Congreso Nacional grafica con crudeza el desprecio gubernamental hacia las instituciones: la presidencia de la comisión de Educación, a cargo del macrista Alejandro Finocchiaro, se negó a convocar a una sesión formal y bloqueó las salas principales para impedir que los rectores expusieran su diagnóstico. Lejos de ser escuchados en el recinto como corresponde a la máxima representación académica, los titulares de las universidades debieron resignarse a un cónclave informal en el subsuelo del anexo de la Cámara baja. Allí, el presidente del cuerpo universitario y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, presentará el cálculo técnico que fija en once billones de pesos el núcleo presupuestario mínimo para que las universidades puedan mantener sus puertas abiertas durante el año 2027, un número respaldado en variables salariales e inflacionarias que la administración libertaria pretende barrer bajo la alfombra del ajuste fiscal ciego.
Detrás de este reclamo subyace un escándalo institucional mayúsculo donde el Ejecutivo nacional opera en abierta rebeldía jurídica. Tras el veto presidencial a la ley de financiamiento que ambas cámaras del Congreso lograron rechazar e insistir, la Casa Rosada apeló a maniobras por decreto para bloquear de facto las partidas, desconociendo incluso los fallos de la Corte Suprema y la medida cautelar dictada por el juez federal Martín Cormick a favor de la Universidad de Buenos Aires. En los hechos, el gobierno incumple mandatos judiciales expresos mientras el personal docente y no docente acumula un derrumbe salarial superior al 40% y las partidas para gastos de funcionamiento cotidiano sufren una poda real del orden del 50%, provocando el vaciamiento de laboratorios, cortes de servicios y un éxodo de investigadores sin precedentes.
La respuesta de las universidades a semejante desidia no tardó en trasladarse a las puertas mismas del poder central. Con una jornada de resistencia institucional en Plaza de Mayo repleta de clases públicas y atención sanitaria gratuita frente a Balcarce 50, la UBA y el resto de los claustros exhibieron ante la sociedad lo que el modelo libertario pretende destruir. Mientras tanto, las convocatorias a paritarias en la Secretaría de Educación son asumidas por los gremios como meras puestas en escena de dilación que no ofrecen recomposición alguna frente a la pérdida histórica acumulada. La gestión de Javier Milei no solo conduce a la educación pública a una agonía deliberada por falta de presupuesto, sino que al atropellar las leyes y quebrar la división de poderes, instala una crisis social de consecuencias impredecibles que volverá a estallar en las calles.
