Diputados opositores impugnaron el proceso por irregularidades y acusaron al Gobierno de limitar la participación ciudadana en un tema clave.

La discusión por la Ley de Glaciares sumó un nuevo capítulo de tensión en el Congreso, donde bloques opositores denunciaron una maniobra del oficialismo para simular una audiencia pública sin garantizar la participación real. Legisladores de distintos espacios presentaron una impugnación formal contra el procedimiento y hablaron de “irregularidades graves” que afectan la transparencia del debate.

El planteo apunta directamente a la metodología utilizada para seleccionar a los expositores. Según denunciaron, de más de 100 mil personas inscriptas, menos del 1% fue habilitado para participar, sin que se haya explicado el criterio de elección. “Cercenaron la participación de manera arbitraria”, señalaron en el escrito presentado ante las autoridades de la Cámara de Diputados.

Una audiencia cuestionada desde su origen

Desde la oposición sostienen que la convocatoria no cumple con los estándares básicos de una audiencia pública. “No garantiza la participación, la manipula. No va camino a cumplir con la audiencia pública, va camino a simularla”, afirmaron.

El documento fue firmado por un amplio arco político que incluye a representantes de Unión por la Patria, la UCR, la Coalición Cívica y otros bloques. En conjunto, advirtieron que el procedimiento es “manifiestamente incompatible” con el reglamento de la Cámara, la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente.

Además, remarcaron que el formato elegido —exposiciones virtuales de apenas cinco minutos— limita fuertemente la posibilidad de desarrollar argumentos en un tema de alta complejidad técnica y ambiental.

Participación restringida y posible violación de normas

Uno de los puntos más críticos es la exclusión masiva de participantes. De los más de 85 mil inscriptos, solo 360 fueron seleccionados para exponer en dos jornadas, lo que, según los legisladores, configura una restricción ilegítima del derecho a la participación ciudadana.

También advirtieron que el esquema podría incumplir compromisos internacionales como el Acuerdo de Escazú, que exige procesos participativos amplios, transparentes y efectivos en materia ambiental.

En ese sentido, la oposición solicitó la revisión inmediata del procedimiento e incluso la nulidad de la audiencia, al considerar que está “viciada en sus elementos esenciales”.

El conflicto deja al descubierto una disputa más profunda: el intento del oficialismo de avanzar con una reforma sensible sin abrir un debate real. Y en el caso de los glaciares, lo que está en juego no es solo una ley, sino la protección de recursos estratégicos para el futuro del país.