El oficialismo quedó atrapado entre la Justicia Electoral, los plazos de impresión y un costo millonario que deja al descubierto sus prioridades. A 18 días de las Elecciones 2025, las boletas en Buenos Aires seguirán mostrando a José Luis Espert, pese a su renuncia y los vínculos con un supuesto narco.
La crisis interna del Gobierno se profundiza a medida que se acercan las Elecciones 2025. Los roces con la Justicia Electoral y la renuncia de José Luis Espert como cabeza de lista de La Libertad Avanza (LLA) por sus presuntos vínculos con el supuesto narco Federico “Fred” Machado, derivaron en un escenario que el propio Ejecutivo califica como “crítico”.
Ni la fiscal federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Laura Roteta, ni el juez Alejo Ramos Padilla, a cargo del Juzgado Federal N°1 de La Plata, avalaron el intento del oficialismo de reemplazar a Espert por Diego Santilli. Las decisiones judiciales fueron tajantes: los plazos legales están vencidos.
Y hay un problema aún más grave. El Gobierno reconoció que no llega a tiempo para reimprimir las boletas únicas en papel (BUP) antes de los comicios del 26 de octubre. En un país donde los tiempos electorales son inamovibles, la logística se volvió un callejón sin salida.
“Misión imposible”: el informe que expone la falla del Gobierno
El propio ministro del Interior, Lisandro Catalán, presentó ante la Junta Electoral un informe lapidario. Cada lote de 3,3 millones de boletas tarda cinco días en imprimirse, y se necesitan 15 millones para cubrir todo el distrito bonaerense. Faltan 18 días para las elecciones. La cuenta no cierra por ningún lado.
En consecuencia, las boletas que circularán en el principal distrito del país mantendrán la imagen de Espert, el dirigente liberal que abandonó la lista luego de que se hicieran públicos sus vínculos con un empresario acusado de narcotráfico y extraditado a Estados Unidos.
El impacto político es demoledor: la cara visible de LLA será la de un candidato caído en desgracia, justo cuando el oficialismo buscaba mostrar “orden” y “seriedad” ante los mercados y los organismos internacionales.
Una maniobra cara y contradictoria
De acuerdo con los datos del Correo Oficial de la República Argentina (CORASA), reimprimir las boletas tendría un costo adicional de 12.169 millones de pesos para el Estado. Catalán defendió la decisión afirmando que existe “crédito presupuestario suficiente”, producto de una “readecuación de partidas”.
Sin embargo, la justificación expone una contradicción flagrante. Mientras el Gobierno encuentra fondos para cambiar las boletas, mantiene congeladas las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica, ambas aprobadas por el Congreso y aún sin ejecución.
La estrategia de la Casa Rosada es postergar las erogaciones hasta la aprobación del Presupuesto 2026, evitando judicializar las normas, como ya hizo con la Ley de Emergencia en Discapacidad. En otras palabras: los recursos aparecen cuando la prioridad es política, no social.
Los números que revelan las prioridades
El contraste económico resulta elocuente. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los fondos previstos para la reimpresión de boletas superan el costo total de todas las residencias médicas del Ministerio de Salud entre julio y diciembre de 2025, estimado en 10.085 millones de pesos.
Aun así, el oficialismo insiste en que el impacto fiscal será “mínimo”. Lo que no logra justificar es por qué se niega a destinar 10.000 millones —la misma cifra que fija la Ley de Financiamiento Universitario— a ampliar la oferta educativa y científica del país, mientras avanza sin dudar en financiar un cambio de boletas que ya no puede realizarse.
La situación deja en evidencia una disparidad de prioridades que genera preocupación incluso dentro del propio oficialismo, donde algunos funcionarios admiten que el costo político será “difícil de revertir”.
Elecciones 2025: la fragilidad detrás del discurso de orden
El episodio Espert sintetiza los problemas de gestión que atraviesan al Gobierno en la antesala de las Elecciones 2025. Sin margen judicial ni operativo, la administración libertaria deberá competir con boletas que exhiben el rostro de un dirigente renunciado, mientras intenta sostener ante el FMI y los fondos internacionales una imagen de “estabilidad y previsibilidad”.
Con el reloj electoral en cuenta regresiva, el oficialismo enfrenta un dilema que va más allá de la logística: la pérdida de credibilidad. La incapacidad para resolver una simple reimpresión de boletas se convierte en el símbolo de una gestión que corre detrás de los hechos y que, por primera vez, empieza a sentir que el tiempo político también puede agotarse.
