Tras el receso de verano, la Casa Rosada reactiva la mesa política y ordena el frente legislativo para avanzar con la Reforma Laboral impulsada por Javier Milei, en medio de negociaciones con gobernadores, tensiones internas y un Congreso clave para la primera victoria del año.
La mesa política que asesora al Presidente retomará sus reuniones el viernes 16 de enero, en un movimiento que refleja la urgencia del Ejecutivo por mostrar resultados tempranos en el año parlamentario. El objetivo central es unificar criterios, ajustar la estrategia legislativa y evitar que el proyecto sufra modificaciones que alteren su núcleo conceptual, aunque sin desconocer los reclamos de gobernadores, sindicatos y cámaras empresariales.
En este esquema, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se consolidó como el principal articulador político durante las primeras semanas del año. Mientras varios ministros mantuvieron un perfil bajo, Adorni se ocupó de adelantar la convocatoria de la mesa política, organizar encuentros clave y garantizar la presencia de los principales referentes del oficialismo. En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, intensificó el diálogo con gobernadores, con visitas a provincias estratégicas como Chaco y Mendoza, buscando asegurar apoyos en un contexto de creciente sensibilidad fiscal y electoral.
En el Congreso, La Libertad Avanza trabaja para ordenar el debate desde ambos recintos. En el Senado, Patricia Bullrich anunció la conformación de una comisión técnica liderada por la abogada laboralista Josefina Tajes, que analizará las observaciones realizadas por sindicatos y entidades empresarias. En Diputados, Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem siguen de cerca el avance del proyecto, replicando la dinámica que permitió aprobar el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal.
El reparto de funciones dentro del oficialismo es claro: Bullrich controla el Senado y la discusión técnica; Menem conduce Diputados; Adorni centraliza la coordinación política; Santilli articula con las provincias; y Santiago Caputo asesora en estrategia y comunicación. Este esquema busca anticipar conflictos, reducir fisuras internas y sostener una narrativa unificada frente a la opinión pública.
Sin embargo, no todo es consenso dentro del propio Gobierno. Existen diferencias sobre posibles ajustes al texto original. Algunos sectores, cercanos a Bullrich, evalúan revisar puntos sensibles como el Fondo de Asistencia Laboral y el capítulo tributario, que genera resistencia entre gobernadores. Otros consideran que la iniciativa ya incorpora concesiones suficientes y que cualquier cambio podría debilitar la reforma.
Más allá de la discusión política, el impacto de la Reforma Laboral es amplio. El proyecto apunta a modificar reglas de contratación, promover la formalización del empleo y reducir cargas para las empresas, especialmente pymes. A la vez, el Gobierno busca contener eventuales efectos negativos en las provincias, conscientes de que el respaldo territorial será clave para la votación.
Con la convocatoria a sesiones extraordinarias prevista para el 2 de febrero, los próximos días serán determinantes. El desafío del Ejecutivo no es solo aprobar la ley, sino hacerlo sin abrir nuevos frentes de conflicto que erosionen su capital político en un año que se perfila decisivo para la agenda económica y legislativa de 2026.
Tras el receso de fin de año, el Gobierno nacional volvió a poner en marcha la maquinaria política con un objetivo claro: avanzar sin demoras con la Reforma Laboral y lograr su aprobación en febrero. En la Casa Rosada consideran que el tratamiento de esta ley será una prueba decisiva para medir la capacidad del presidente Javier Milei de ordenar al oficialismo, disciplinar aliados y sostener la iniciativa legislativa en un Congreso fragmentado y atravesado por tensiones federales.
La mesa política que asesora al Presidente retomará sus reuniones el viernes 16 de enero, en un movimiento que refleja la urgencia del Ejecutivo por mostrar resultados tempranos en el año parlamentario. El objetivo central es unificar criterios, ajustar la estrategia legislativa y evitar que el proyecto sufra modificaciones que alteren su núcleo conceptual, aunque sin desconocer los reclamos de gobernadores, sindicatos y cámaras empresariales.
En este esquema, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se consolidó como el principal articulador político durante las primeras semanas del año. Mientras varios ministros mantuvieron un perfil bajo, Adorni se ocupó de adelantar la convocatoria de la mesa política, organizar encuentros clave y garantizar la presencia de los principales referentes del oficialismo. En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, intensificó el diálogo con gobernadores, con visitas a provincias estratégicas como Chaco y Mendoza, buscando asegurar apoyos en un contexto de creciente sensibilidad fiscal y electoral.
En el Congreso, La Libertad Avanza trabaja para ordenar el debate desde ambos recintos. En el Senado, Patricia Bullrich anunció la conformación de una comisión técnica liderada por la abogada laboralista Josefina Tajes, que analizará las observaciones realizadas por sindicatos y entidades empresarias. En Diputados, Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem siguen de cerca el avance del proyecto, replicando la dinámica que permitió aprobar el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal.
El reparto de funciones dentro del oficialismo es claro: Bullrich controla el Senado y la discusión técnica; Menem conduce Diputados; Adorni centraliza la coordinación política; Santilli articula con las provincias; y Santiago Caputo asesora en estrategia y comunicación. Este esquema busca anticipar conflictos, reducir fisuras internas y sostener una narrativa unificada frente a la opinión pública.
Sin embargo, no todo es consenso dentro del propio Gobierno. Existen diferencias sobre posibles ajustes al texto original. Algunos sectores, cercanos a Bullrich, evalúan revisar puntos sensibles como el Fondo de Asistencia Laboral y el capítulo tributario, que genera resistencia entre gobernadores. Otros consideran que la iniciativa ya incorpora concesiones suficientes y que cualquier cambio podría debilitar la reforma.
Más allá de la discusión política, el impacto de la Reforma Laboral es amplio. El proyecto apunta a modificar reglas de contratación, promover la formalización del empleo y reducir cargas para las empresas, especialmente pymes. A la vez, el Gobierno busca contener eventuales efectos negativos en las provincias, conscientes de que el respaldo territorial será clave para la votación.
Con la convocatoria a sesiones extraordinarias prevista para el 2 de febrero, los próximos días serán determinantes. El desafío del Ejecutivo no es solo aprobar la ley, sino hacerlo sin abrir nuevos frentes de conflicto que erosionen su capital político en un año que se perfila decisivo para la agenda económica y legislativa de 2026.
