La impugnación contra Lorena Villaverde, senadora electa por La Libertad Avanza, volvió a activar un resorte institucional que aparece cada vez que un nombre llega al Congreso rodeado de polémica.

El PJ rionegrino presentó un escrito lapidario: la acusa de mantener un “pasado y presente delictivo”, con casos de narcotráfico y fraude, lo cual —según su planteo— configuraría “inhabilidades morales y constitucionales” para ocupar una banca a partir del 10 de diciembre. La dirigente libertaria fue detenida en 2002 en Estados Unidos por tenencia de drogas, causa ya extinguida, pero la controversia escala por supuestos vínculos con el entorno de Fred Machado, empresario extraditado a EE.UU. por causas de narcotráfico.

La Comisión de Asuntos Constitucionales analizó este miércoles la presentación y dejó el caso en manos del pleno del Senado, que deberá votar el viernes si Villaverde jura o si asume su reemplazo. El episodio reactiva un poder poco visible pero decisivo del Parlamento: el que le otorga el artículo 64 de la Constitución, que habilita a cada Cámara a ser “juez de las elecciones, derechos y títulos” de sus miembros. Esa facultad, aplicada con criterios fluctuantes según época y clima político, marcó algunos de los debates más intensos de la democracia constitucional.

Los ejemplos más duros se vinculan a la última dictadura. Antonio Bussi, electo diputado en 1999, nunca pudo asumir tras una votación que lo rechazó por su rol represivo en Tucumán. La Corte Suprema ratificó que el Congreso podía vetarlo. El caso Luis Patti siguió la misma senda en 2005: frente a las acusaciones por delitos de lesa humanidad, Diputados le impidió jurar, y el máximo tribunal volvió a sostener la potestad parlamentaria. Más tarde, Patti sería condenado a prisión perpetua e inhabilitado.

Otros casos delinearon criterios distintos. El más recordado es el de Eduardo Borocotó, que en 2005 cambió de bloque antes de asumir, pasando del PRO al kirchnerismo. El intento de impugnarlo fracasó y Diputados estableció un precedente clave: el mandato pertenece a la persona, no al partido. En el Senado, la controversia de 2013 por el ingreso de Gerardo Montenegro —acusado de quebrar la proporcionalidad electoral en Santiago del Estero— terminó también con la Cámara ratificando su incorporación.

La historia institucional muestra que, más allá de estos casos resonantes, las impugnaciones rara vez prosperan, salvo cuando la Justicia lo valida, como sucedió en 2003 con el conservador Tato Romero Feris, a quien la Cámara Nacional Electoral impidió asumir por causas de corrupción. El procedimiento actual en Diputados es estricto —sólo dos causales objetivas—, mientras que en el Senado es más flexible y deja amplio margen a las mayorías políticas.

En este contexto, el pliego de Villaverde será tratado por una Cámara ya renovada, con ella presente en el recinto pero impedida de votar sobre su propio caso. La Libertad Avanza espera reunir los votos suficientes para evitar el rechazo. Más allá de la resolución puntual, lo que está en juego es otra cosa: la disputa por el control político de la agenda legislativa en una etapa en la que el oficialismo busca consolidar poder y la oposición intenta condicionar ese camino desde la primera sesión.