El Ejecutivo nacional responsabilizó al gobernador por la emergencia en el interior bonaerense, pero los fondos para infraestructura hídrica tienen una ejecución de apenas el 7,45%. El Plan del Río Salado está frenado y millones de hectáreas productivas siguen bajo el agua.
Las inundaciones en la provincia de Buenos Aires dejaron al descubierto una de las contradicciones más graves del gobierno de Javier Milei: mientras culpa a Axel Kicillof por los estragos de las lluvias, Nación mantiene paralizadas las obras hídricas y recortó los fondos destinados a prevenir este tipo de desastres.
En los últimos días, las precipitaciones intensas afectaron a más de cinco millones de hectáreas productivas, anegando localidades enteras y dejando pérdidas millonarias en la región agropecuaria más importante del país. Sin embargo, desde la Casa Rosada, la respuesta fue inmediata pero política: Patricia Bullrich y Manuel Adorni usaron el escenario de la Casa de Gobierno para apuntar contra la gestión bonaerense.
“Como la Provincia no lo está resolviendo y los jefes comunales no tienen jurisdicción, estamos en un escenario donde nadie asume la responsabilidad. Entonces, lo haremos nosotros. El Estado Nacional se hace cargo de la emergencia”, dijo la ministra de Seguridad, intentando instalar una narrativa de auxilio federal. El vocero presidencial fue más lejos: prometió “todos los recursos” para atender la situación.
Pero detrás de esas declaraciones, la realidad es otra: el propio Gobierno nacional fue el que desmanteló la obra pública, eliminó programas de infraestructura y congeló fondos esenciales para proyectos hidráulicos que podrían haber mitigado la catástrofe.
Desde el gobierno bonaerense detallaron que la Nación apenas ejecutó el 7,45% de los recursos recaudados por el impuesto a los combustibles que deben destinarse al Fideicomiso de Infraestructura Hídrica. De los $175 mil millones disponibles entre 2024 y el primer trimestre de 2025, sólo se utilizaron $13.011 millones. Esto implica una subejecución del 92,5%, es decir, fondos inmovilizados mientras las lluvias arrasan campos, caminos y pueblos.
Este fideicomiso fue creado específicamente para financiar obras de prevención y mitigación de inundaciones, recuperar tierras productivas y proteger rutas y vías rurales. Sin embargo, el gobierno libertario interrumpió la continuidad de los proyectos que estaban en marcha, afectando directamente a zonas críticas del interior bonaerense.
Uno de los ejemplos más claros es el Plan Maestro Integral de la Cuenca del Río Salado, una obra estructural que lleva décadas de planificación y que fue retomada durante gestiones anteriores. El proyecto, dividido en cinco tramos, ya tenía tres completados y un cuarto en ejecución. Según informó la Provincia, “la etapa 2 del cuarto tramo se encuentra paralizada por decisión del actual Gobierno Nacional”, dejando sin continuidad una infraestructura clave para evitar el desborde del río.
El abandono de estas obras estratégicas se traduce hoy en hectáreas bajo el agua, productores arruinados y comunidades aisladas. Mientras tanto, el discurso oficial intenta trasladar la responsabilidad al gobierno provincial, pese a que fue la administración nacional la que eliminó la inversión pública como política de Estado.
En ese contexto, la creación de un “centro de operaciones en 9 de Julio” anunciada por Bullrich fue interpretada más como una maniobra comunicacional que como una respuesta concreta. Desde la Provincia remarcaron que la asistencia llegó tarde y que las acciones de Nación fueron, en el mejor de los casos, simbólicas.
A contramano, el gobierno de Kicillof informó que durante este año destinó fondos propios a los municipios para el mantenimiento de caminos rurales —con una partida adicional de $2.000 millones— y desplegó máquinas, camiones y personal de Vialidad e Hidráulica para construir defensas, limpiar canales y drenar áreas urbanizadas.
Sin embargo, sin la inversión nacional, los esfuerzos provinciales resultan insuficientes frente a una emergencia de semejante escala.
El contraste es brutal: mientras el Gobierno nacional recorta partidas y paraliza proyectos, acusa a las provincias de no hacer frente a los daños que esas mismas decisiones provocan. Las consecuencias ya están a la vista: pueblos bajo el agua, rutas destruidas, campos perdidos y una producción que tardará meses en recuperarse.
El desastre no es sólo climático: es político. Y en el corazón de la provincia más productiva del país, las lluvias no sólo dejaron anegados los campos, sino también la responsabilidad de un Estado nacional que decidió mirar hacia otro lado.
