a ofensiva judicial por el escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó este lunes un giro definitivo. Mientras Diego Spagnuolo intentaba sembrar dudas sobre los audios que lo comprometen —avalando un peritaje privado que denuncia supuestas “manipulaciones” y “ediciones”—, en Comodoro Py ocurrió lo impensado: un funcionario clave del organismo decidió hablar. Y con su testimonio, se quebró por primera vez el pacto de silencio que había protegido a la trama durante meses.
Quien abrió la compuerta fue Roger Edgar Grant, excoordinador de Gestión de Urgencias, que eligió declarar y responder preguntas. En su indagatoria confirmó la hipótesis del fiscal Franco Picardi: la selección de droguerías, las compulsas dirigidas, los sobreprecios y el circuito de pagos eran maniobras organizadas, no errores aislados. Grant apuntó directamente a su jefe, Daniel Garbellini, extitular de Acceso a los Servicios de Salud, a quien señaló como el responsable de indicarle qué hacer, a quién invitar, a quién adjudicar y qué firmas debían obtener “vía libre” dentro del sistema.
Los investigadores cuentan con chats entre Grant, Garbellini y el lobista Miguel Ángel Calvete que sostienen el relato. Según la fiscalía, Grant era “el ejecutor” del direccionamiento: sabía quiénes cotizarían, manejaba los plazos y habilitaba o bloqueaba droguerías en función de órdenes precisas. Incluso figuraba en los cuadernos de Calvete, pieza central del expediente. Las compulsas “especiales”, donde siempre ganaban las mismas cuatro empresas —Génesis, Profarma, New Farma y Floresta—, quedaron expuestas como un mecanismo previamente armado para favorecer a un grupo cerrado de proveedores.
El testimonio de Grant se suma al de Eduardo Nelio González, exdirector nacional del área de Apoyos, quien ya había deslizado que Garbellini llegó a ANDIS con “prácticas que no compartía”. Admitió además haber tenido vínculos comerciales previos con Calvete. Esta semana deberá declarar Luciana Ferrari, exdirectora de Prestaciones Médicas y empleada de Roche, y también Federico Santich, vinculado a Profarma y señalado en transferencias millonarias. La red era pequeña, los nombres se repetían y los roles se solapaban como en una maquinaria aceitada.
Mientras tanto, la defensa de Spagnuolo intenta derrumbar el punto de partida del caso: los audios donde él mismo describe el reparto de porcentajes hacia la Casa Rosada. El abogado Mauricio D’Alessandro presentó un peritaje privado que habla de “18 cortes”, “manipulaciones”, una supuesta “voz sintética” y cambios de ambiente. Sin embargo, ni ese análisis descarta que la voz sea del propio Spagnuolo, ni alcanza para invalidar el avance judicial. Tanto Picardi como el juez Sebastián Casanello ya dejaron asentado que la imputación no se sostiene en los audios, sino en documentación, mensajes recuperados —incluso de celulares borrados—, registros de allanamientos y movimientos bancarios.
La estrategia defensiva apunta a declarar las pruebas como “fruto del árbol envenenado”, pero en tribunales saben que la causa ya superó esa etapa. El núcleo de la investigación está en otra parte: en la trama de proveedores elegidos a dedo, en el flujo de dinero que se repite, en los nombres que aparecen una y otra vez, y ahora también en el primer imputado que decidió hablar. Con Grant rompiendo el silencio, el expediente ANDIS deja de ser una disputa por audios y pasa a convertirse en algo más profundo: la radiografía de un mecanismo deliberado para manejar fondos públicos como si fueran un botín privado.
