La caída del sitio web oficial desató filas de hasta cinco horas frente a la sede de Anses. Los choferes advierten que el CUD físico dejará de tener validez en el transporte desde este viernes.
El anuncio de una supuesta simplificación burocrática se transformó en una jornada de desamparo y maltrato institucional para uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. Cientos de personas con discapacidad, jubilados y familias enteras debieron soportar esperas de hasta cinco horas a la intemperie en la estación de Constitución para intentar asociar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) a la tarjeta SUBE. La masiva concentración presencial fue la respuesta desesperada de los usuarios ante la caída total de la página web oficial del sistema y las advertencias de los choferes de colectivos, quienes comenzaron a notificar a los pasajeros que, a partir de este viernes, no se les permitirá viajar gratis si no cuentan con el plástico validado.
La crisis se originó tras una publicación en redes sociales del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien presentó como un logro de gestión que las personas con discapacidad puedan viajar con el 100% de descuento en colectivos y trenes utilizando directamente la tarjeta SUBE. Sin embargo, el mensaje gubernamental omitió precisiones operativas cruciales y desató el pánico entre los beneficiarios, quienes ya gozaban de este derecho histórico con la sola presentación del carnet físico. La falta de canales de consulta claros y la imposibilidad de realizar el trámite de forma remota empujaron a miles de ciudadanos con movilidad reducida y problemas de salud a agolparse en los playones estatales ante el temor latente de perder su derecho a viajar.
Desconexión federal y un sistema que excluye a las provincias
La confusión informada desde la Casa Rosada desnudó, además, una profunda falta de coordinación con el resto de las jurisdicciones del país. El secretario de Transporte de la provincia de Jujuy, Pablo Giachino, salió a aclarar públicamente que la medida entrará en vigencia este 19 de junio pero estará restringida de manera exclusiva a las líneas de jurisdicción nacional que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El funcionario advirtió que la resolución no tiene aplicación automática en los sistemas SUBE de los municipios y provincias, y denunció que el Gobierno nacional diseñó e implementó la iniciativa de forma unilateral, dejando al resto de los distritos sin detalles técnicos ni respuestas a las solicitudes de reunión para evaluar su viabilidad.
Las fallas del nuevo esquema informático también comenzaron a reportarse en el terreno. Desde la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), su referenta Ana Dones alertó sobre las múltiples consultas y mensajes de angustia que recibieron durante la jornada por parte de usuarios cuyos trámites fueron rechazados. De acuerdo con los relevamientos de la organización, la plataforma de ARCA y SUBE presenta incompatibilidades críticas que bloquean el registro, complicando especialmente a los jubilados con discapacidad debido a que el sistema informático no les permite unificar dos beneficios vigentes en una misma tarjeta.
El reclamo de las familias frente a un trámite engorroso
Para muchas familias y cuidadores, la digitalización forzada del beneficio representa una complicación logística antes que una solución. Distintos familiares de pacientes con condiciones crónicas y trastornos del espectro autista señalaron que el uso del CUD físico resulta indispensable cuando la asistencia del menor se divide entre múltiples terapeutas y acompañantes, ya que transferir una única tarjeta de mano en mano resulta impracticable en la rutina diaria. Aunque el comunicado de Balcarce 50 afirma que ambas modalidades de acreditación convivirán en el tiempo, las intimaciones que los propios trabajadores del transporte realizan en las unidades sembraron una desconfianza generalizada.
El malestar social en Constitución expone las consecuencias de un traspaso administrativo ejecutado sin previsión técnica ni campañas de difusión orientadas a los usuarios. Entre lágrimas y reclamos por la falta de infraestructura para atender a personas en silla de ruedas o con bastones, los damnificados catalogaron las jornadas de espera como una pérdida de dignidad frente a un derecho conquistado hace dos décadas. Mientras el oficialismo mantiene el viernes como fecha límite para el debut del nuevo sistema en el AMBA, la falta de respuestas oficiales estira la incertidumbre sobre miles de usuarios que dependen del transporte público para asistir a sus tratamientos médicos esenciales.
