La decisión de otorgar un plus salarial únicamente al personal militar con estudios superiores desató un fuerte malestar en la base de la pirámide castrense. Los soldados rasos quedan excluidos del beneficio mientras perciben haberes un 30% menores que las fuerzas de seguridad.
La crisis salarial y operativa que carcome los cimientos de las Fuerzas Armadas ingresó en una fase de extrema vulnerabilidad institucional. Lejos de instrumentar una recomposición generalizada para un sector que arrastra meses de postergación, el Gobierno nacional optó por una estrategia de parches sectorizados que encendió las alarmas en todas las dependencias militares del país. Mediante la firma del Decreto de Necesidad y Urgencia 473/2026, el Poder Ejecutivo dispuso la creación de un adicional remunerativo que, bajo el argumento de premiar la capacitación, discrimina de forma drástica a la base de la fuerza, otorgando un plus económico exclusivamente a aquellos efectivos que acrediten títulos terciarios o universitarios.
Esta medida selectiva generó un inmediato clima de indignación y resentimiento en las unidades militares, dado que el beneficio margina por completo a la inmensa mayoría de la tropa que solo cuenta con el nivel secundario completo. El malestar se agrava al constatar que los soldados y suboficiales de menor rango perciben haberes mensuales que se encuentran un 30 por ciento por debajo de los sueldos que cobran los integrantes de la Gendarmería Nacional o la Policía Federal, consolidando una brecha histórica que la actual administración no hace más que profundizar al segmentar la asistencia financiera.
Una brecha salarial insostenible que empuja al pluriempleo
La realidad socioeconómica que se vive dentro de los cuarteles es calificada por los especialistas en defensa como alarmante. Actualmente, un soldado raso percibe un ingreso mensual cercano a los 700 mil pesos, mientras que un cabo promedia los 800 mil y los oficiales de menor graduación apenas superan el millón de pesos. Estos montos, devorados por la inflación, no alcanzan a cubrir la canasta básica alimentaria de una familia tipo, lo que obligó a una porción significativa del personal subalterno a volcarse al pluriempleo informal. Al término de sus guardias oficiales, decenas de uniformados deben desempeñarse como choferes de aplicaciones de viaje o como custodios privados en eventos nocturnos para poder subsistir.
El descontento es de tal magnitud que ni siquiera las gestiones de contención del ministro Carlos Presti logran aplacar los reclamos que llueven de manera sistemática sobre los despachos de la Casa Rosada. La paradoja del decreto radica en que los porcentajes fijados para el suplemento benefician casi con exclusividad a las charreteras más lustrosas y al personal jerárquico que dispuso del tiempo y los recursos para cursar tecnicaturas, carreras de grado o posgrados. Para la tropa que pone el cuerpo en las tareas de frontera y mantenimiento diario, la ponderación del “esfuerzo académico” suena a una burla institucionalizada frente a la urgencia del hambre.
Ajuste logístico, racionamiento y el peligro del quiebre institucional
La asfixia presupuestaria sobre el sector castrense ya había cruzado una línea roja semanas atrás, cuando la cartera de Defensa ordenó una insólita reducción de la jornada laboral en los regimientos. El acortamiento del horario de labor de los soldados tiene como único objetivo evitar que el personal almuerce en las bases, permitiéndole al Estado un ahorro desesperado en las partidas destinadas a racionamiento de comida, gas y energía eléctrica. En este contexto de miseria operativa, la aparición de aumentos selectivos es interpretada por la base militar como una provocación que dinamita la camaradería y la cadena de mandos.
A pesar de que los comunicados oficiales del Ministerio de Defensa intentan adornar la medida asegurando que el nuevo esquema corrige una asimetría histórica respecto al resto de la administración pública y fortalece la seguridad nacional, las repercusiones internas exponen un escenario sumamente preocupante. Al segmentar el auxilio económico y beneficiar a una minoría calificada, el binomio integrado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, instaló un factor de discordia interna en una estructura jerárquica que depende de la cohesión mutua, dejando a las Fuerzas Armadas al borde de una parálisis operativa inédita por el desánimo generalizado de sus filas.
