La Dirección General de Cultura y Educación bonaerense destinó casi $1.000 millones para saldar deudas y garantizar el servicio en distritos críticos. También aumentará un 10,3% la inversión desde julio, en defensa del derecho a la educación frente al ajuste nacional.
La Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires anunció nuevas medidas para resolver los problemas registrados en algunos distritos con el servicio de transporte escolar terrestre. El objetivo es asegurar la continuidad del servicio y garantizar que todas y todos los estudiantes puedan asistir a la escuela sin obstáculos.
En el último mes, el gobierno bonaerense destinó una inversión total de $998.919.598 para cubrir gastos y saldar deudas correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril del ciclo lectivo 2025. Además, a partir del 1 de julio se aplicará un incremento del 10,3% en los montos asignados al transporte escolar, reforzando el compromiso con el derecho a la educación.
Esta asignación se enmarca en el Programa de Descentralización de la Gestión Administrativa, una política pública que fortalece la capacidad de respuesta de los distritos. A través de este programa, los Consejos Escolares reciben directamente los fondos y se encargan de administrarlos y contratar el servicio, conforme a la normativa vigente.
Los Consejos Escolares son responsables de la ejecución, rendición y custodia de los recursos asignados, según lo establecido en la RESOC-2020-2508-GDEBA-DGCYE y en las leyes provinciales que rigen la administración financiera. Las rendiciones deben presentarse en un plazo de 60 días, cumpliendo con todos los requisitos fiscales y administrativos exigidos.
En esta etapa, los fondos fueron distribuidos con urgencia a los distritos que presentaban situaciones críticas, teniendo en cuenta la cantidad de estudiantes transportados, la extensión de los recorridos y las características geográficas que impactan en los costos del servicio.
La DGCyE indicó que se atienden las particularidades de cada distrito y se comparan los valores entre zonas limítrofes para asegurar una asignación equitativa, siempre dentro del marco normativo.
Pese al fuerte ajuste presupuestario del gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires reafirma su decisión de sostener políticas públicas inclusivas, fortalecer la escuela pública y proteger el acceso a derechos fundamentales como la educación.
