La CGT y las principales centrales sindicales se declaran en estado de alerta máxima ante la decisión oficial de forzar la renegociación de 150 acuerdos colectivos. Advierten que las nuevas medidas destruyen el salario y pulverizan la protección legal de los trabajadores.

El escenario laboral argentino ingresó en una fase de extrema vulnerabilidad y conflicto latente. El Gobierno nacional, decidido a acelerar la aplicación de su reforma de “modernización laboral”, dio el paso más temido por el movimiento obrero: la Secretaría de Trabajo comenzará a convocar a cámaras empresarias y sindicatos para desarmar y renegociar unos 150 convenios colectivos vencidos. Lejos de una modernización técnica, las cúpulas gremiales denuncian que se trata de un ataque directo al corazón del modelo sindical argentino, diseñado expresamente para precarizar la vida de los trabajadores y licuar la resistencia de las organizaciones de base.

La activación del Decreto 407/2026, que reglamentó la Ley N° 27.802 a principios de junio, encendió alarmas que no se registraban en el país desde las épocas más oscuras de la flexibilización laboral. Lo que desde la Confederación General del Trabajo (CGT) se interpreta como una ofensiva patronal sin precedentes históricos está comandada por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, cuyo pasado como abogado del Grupo Techint y de la Unión Industrial Argentina (UIA) es visto por los gremios como la garantía de que el Estado hoy juega abiertamente para los intereses de las corporaciones.

El fin de la ultraactividad: desprotección total en la mesa de negociación

El principal factor de angustia para los equipos jurídicos sindicales es la eliminación de la ultraactividad. Este principio histórico funcionaba como un escudo protector: garantizaba que, aunque un convenio venciera, los derechos de los trabajadores seguían vigentes hasta que se firmara un acuerdo superador. Al desactivar este mecanismo, el Gobierno deja a los sindicatos en una posición de extrema debilidad, forzándolos a negociar bajo extorsión. Si bien se mantienen momentáneamente las condiciones de las tareas, la caída de las cláusulas de organización y financiamiento sindical busca asfixiar económicamente a los gremios para anular su capacidad de huelga y protesta.

Desde la CGT, el abogado Gustavo Ciampa desarmó el discurso oficial que acusa a los convenios de ser rígidos o antiguos. El letrado advirtió que la negociación colectiva en el país siempre fue sana y constante durante las últimas dos décadas, adaptándose a las realidades tecnológicas sin necesidad de desamparar al trabajador. Los gremios alertan que entrar a discutir convenios colectivos bajo las nuevas reglas del juego equivale a firmar resignaciones de derechos adquiridos durante generaciones.

Atomización sindical, salarios a la baja y la muerte de las horas extras

La preocupación de la dirigencia gremial se profundiza al analizar la letra chica del decreto, que prioriza de manera absoluta la negociación por empresa o por región por sobre los convenios nacionales de actividad. Esta medida busca desmembrar la solidaridad obrera y fragmentar la representación en miles de pequeñas discusiones locales, donde el trabajador queda completamente desprotegido frente al poder de la patronal. A esto se suma la drástica reducción del umbral para disputar la personería gremial —que bajó del 20% al 5%—, una trampa legal que, según los sindicatos, busca sembrar el caos interno, fomentar gremios “fantasmas” creados por las propias empresas y atomizar las demandas colectivas.

El impacto sobre el bolsillo del trabajador en este nuevo esquema es calificado como devastador. La introducción del “salario dinámico” supedita los ingresos a variables inasibles como la productividad fijada por el empleador o la situación financiera de la empresa, abriendo la puerta a rebajas salariales encubiertas en contextos de recesión. Finalmente, el denominado “banco de horas” representa, para el grueso de los trabajadores, la pérdida definitiva de un derecho conquistado hace un siglo: el cobro de horas extras.

Al permitir que las jornadas semanales se distribuyan según las necesidades de la producción, el empleador dispondrá del tiempo y el descanso de sus empleados sin pagar ningún tipo de bonificación, consolidando un régimen de disponibilidad absoluta y precarización extrema que las centrales obreras prometen resistir en las calles.