El Gobierno modificó por DNU la Ley de Migraciones y amplió las causales para impedir el ingreso o expulsar del país a extranjeros que emitan “mensajes de odio”, inciten a la violencia o agravien los símbolos patrios. La medida vuelve a poner en discusión los límites del poder del Ejecutivo y el riesgo de una aplicación discrecional de la norma.
El Gobierno de Javier Milei oficializó este jueves el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2026, una medida que modifica la Ley de Migraciones N° 25.871 e incorpora nuevas causales para impedir el ingreso de extranjeros o disponer su expulsión del territorio nacional. Entre ellas aparecen los denominados “mensajes de odio” contra argentinos y los actos considerados de ultraje a los símbolos patrios.
Bajo el argumento de proteger la “cohesión social”, el “orden público” y la convivencia, el Ejecutivo amplió de esta manera las herramientas de las autoridades migratorias para determinar quién puede ingresar y permanecer en el país.
El Gobierno amplió las causales para expulsar extranjeros
El decreto establece que podrá impedirse el ingreso de personas extranjeras que hayan “dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino en su conjunto, o contra algún ciudadano argentino, motivado en la nacionalidad de este último”.
La nueva normativa también contempla a quienes participen en “actos de ultraje de símbolos patrios nacionales”. Según el texto oficial, estas conductas constituyen una “flagrante violación de las condiciones de convivencia armónica y paz social” que justifican la admisión en el territorio argentino.
El cambio alcanza además al artículo 63 de la Ley de Migraciones. La cancelación de la residencia por estas nuevas causales puede derivar en la “conminación a hacer abandono del país” o directamente en la expulsión del territorio nacional.
Así, la permanencia de una persona extranjera en Argentina queda vinculada no solo con su situación migratoria o sus antecedentes, sino también con determinadas expresiones públicas que las autoridades consideren alcanzadas por la nueva disposición.
Una respuesta punitivista tras la “campaña antiargentina”
La decisión del Gobierno llega después de que, tras la finalización del Mundial 2026, el oficialismo denunciara una supuesta “campaña antiargentina” que habría excedido el ámbito deportivo y alcanzado la discusión política internacional.
En ese contexto, Milei endureció su discurso y desde la Oficina del Presidente se sostuvo que “quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”. Ahora, esa postura política quedó plasmada en una modificación concreta de la legislación migratoria.
El Gobierno justificó el uso del DNU al señalar que la “naturaleza excepcional de la situación” imposibilita recurrir a los mecanismos legislativos ordinarios. Sin embargo, la decisión abre un fuerte interrogante institucional: qué autoridad determinará cuándo una expresión constituye un “mensaje de odio” y cuándo se trata simplemente de una crítica política.
El propio decreto establece que no podrán considerarse dentro de esta causal las “expresiones de disenso ideológico o de crítica política”. La frontera entre ambos conceptos, sin embargo, quedará en manos de las autoridades encargadas de aplicar la norma.
La modificación vuelve a poner así en el centro de la discusión el alcance de las facultades que el Gobierno de Milei se atribuye mediante decretos y el riesgo de que una herramienta presentada como defensa de la identidad nacional termine funcionando como un mecanismo de control sobre las expresiones públicas de quienes no son ciudadanos argentinos.
