La Libertad Avanza presiona para aprobar la polémica ley de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, un proyecto que elimina los límites para que capitales de afuera compren suelo rural y desata el rechazo de la oposición.

El Senado de la Nación se prepara para un debate de alto voltaje institucional que promete modificar el mapa de la propiedad territorial en la Argentina. En una tensa reunión de labor parlamentaria presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel, el oficialismo ratificó que el próximo jueves 15 de julio a las 12:00 se tratará en el recinto el controvertido proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La iniciativa, impulsada con fuerza por la Casa Rosada, representa un severo cambio de paradigma legal al introducir modificaciones drásticas al Código Procesal, al Código Civil y Comercial, y al Registro de la Propiedad Inmueble, facilitando los desalojos inmediatos de inquilinos y liberando las restricciones vigentes para la adquisición de tierras por parte de ciudadanos extranjeros.

Para blindar el número y garantizar el acompañamiento de sus aliados del PRO y sectores del radicalismo, el bloque de La Libertad Avanza se vio obligado a ceder y reescribir parte del articulado más cuestionado. En el polémico artículo 25 —que altera de raíz la Ley de Tierras actual—, el dictamen final establece que las únicas restricciones que tendrán los extranjeros para comprar suelo rural nacional se aplicarán de forma exclusiva a “Estados extranjeros” o “empresas con participación estatal extranjera”. Incluso en esos casos de soberanía extrema, la ley introduce una hendija de discrecionalidad al permitir las operaciones si cuentan con la autorización explícita de la provincia afectada y del Poder Ejecutivo Nacional, un punto que la oposición califica como un desguace liso y llano del control territorial.

El peronismo teje una estrategia “senador por senador” para frenar la ley
La reacción del interbloque opositor fue inmediata y orgánica. Desde las filas del peronismo ya adelantaron que se encuentran trabajando de manera minuciosa, “senador por senador”, para captar el voto de los legisladores provinciales indecisos y voltear el proyecto en el recinto. El principal argumento de la resistencia radica en que la norma desprotege los recursos naturales y la soberanía geopolítica del país en favor de los fondos de inversión internacionales, al tiempo que criminaliza y acelera la vulnerabilidad de los locatarios mediante los desalojos exprés.

El clima de tensión en el cónclave parlamentario —donde participaron figuras oficialistas y jefes de bloque aliados como Eduardo Vischi, Martín Goerling y Patricia Bullrich— también estuvo alimentado por el tratamiento de un paquete de 28 pliegos judiciales de alta sensibilidad política. Entre las designaciones que ingresarán al recinto, la polémica se centrará en la autorización para que el juez Víctor Pesino continúe en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo a pesar de cumplir 75 años, un magistrado fuertemente cuestionado por el peronismo debido a sus fallos en favor de la reforma laboral del Gobierno.

La agenda del desguace que se viene para agosto
La sesión del jueves 15 también incluirá temas de fuerte valor simbólico, como el proyecto para declarar a la provincia de Tucumán como “capital simbólica de la República Argentina” en cada aniversario del 9 de Julio, junto a seis acuerdos para nombramientos diplomáticos.

Sin embargo, los operadores parlamentarios de la Libertad Avanza ya miran más allá del receso informal de invierno. Según confirmaron fuentes oficiales, la intención del oficialismo es congelar la actividad hasta el 6 de agosto, fecha en la que buscarán activar una agenda legislativa complementaria e igualmente polémica. Para esa jornada post-receso se planifica el tratamiento de la denominada “Ley de Hojarasca” —que llegará con media sanción de la Cámara de Diputados—, junto a los conflictivos proyectos de “Falsas Denuncias” y modificaciones en la Ley de Salud Mental, completando el paquete de reformas estructurales con el que el Poder Ejecutivo busca desregular la matriz legal del país.