El Palacio de Hacienda admite que recurrirá a ingresos extraordinarios de stock y liquidación de patrimonio estatal para cubrir el bache de divisas.

El equipo económico liderado por Luis Caputo presentó la hoja de ruta estratégica con la que buscará afrontar los severos compromisos de la deuda externa previstos para los años 2027 y 2028. En una exposición conjunta que sumó al secretario de Finanzas, Federico Furiase, y al canciller Pablo Quirno, el Palacio de Hacienda sinceró el andamiaje de un programa global cercano a los 24.900 millones de dólares, donde la venta de empresas públicas e infraestructura estratégica del Estado se consolida como uno de los pilares indispensables para conseguir divisas frescas y garantizar los pagos a los acreedores internacionales.

Acorralado por la necesidad de generar confianza en Wall Street sin depender de nuevas colocaciones externas tradicionales, el Ministerio de Economía oficializó que prevé obtener un piso de 1.500 millones de dólares exclusivamente a través de procesos de privatización. El reconocimiento oficial confirms que la sostenibilidad del mentado “superávit fiscal” y la cancelación de los vencimientos de capital futuros no provendrán de un incremento genuino de la recaudación tributaria por reactivación económica ni del flujo de las exportaciones, sino del remate de activos públicos que reducen de forma permanente el patrimonio del Estado argentino.

Las joyas de la abuela en la primera línea del ajuste financiero

El listado de compañías e infraestructura puestas a la venta expone el núcleo de la transferencia de recursos hacia el sector corporativo privado. Entre los activos clave detallados por los funcionarios públicos sobresale la transportadora eléctrica de alta tensión Transener y la empresa de agua y saneamiento AySA, firmas fundamentales para la provisión de servicios básicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires y el territorio nacional. La ofensiva privatizadora abarca también a las centrales termoeléctricas General San Martín y Manuel Belgrano, junto a un paquete en evaluación de represas hidroeléctricas y otras firmas del sector energético, complementado con operaciones de liquidación de activos vinculadas al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES.

La encrucijada conceptual de este esquema radica en que el Palacio de Hacienda apuesta a recursos de stock para financiar compromisos de largo plazo. A diferencia de las variables de flujo económico —como la actividad comercial o industrial—, las privatizaciones constituyen ingresos extraordinarios que se pueden ejecutar una sola vez, descapitalizando las herramientas de regulación estatales en áreas tan sensibles como la energía, el transporte eléctrico de potencia y el acceso al agua potable.

La teoría de la “opcionalidad” frente al cierre de los mercados externos

Para maquillar la falta de acceso voluntario al crédito internacional derivado de los altos índices de riesgo país, los funcionarios buscaron instalar en el debate técnico la noción de la “opcionalidad”. Según la tesis desplegada por el secretario Furiase, el fortalecimiento contable del balance del Banco Central y el proceso de desaceleración inflacionaria permitirían al Estado tener la flexibilidad suficiente para elegir la fuente de financiamiento de menor costo en cada momento del cronograma, aspirando a renovar en torno al 98% de las obligaciones mediante colocaciones y refinanciaciones dentro del mercado de capitales doméstico.

A pesar del optimismo discursivo de la comitiva oficial y las reiteradas chicanas de Caputo hacia los economistas profesionales que advertían sobre un colapso inminente del sistema financiero, el plan económico continúa exhibiendo costuras de extrema fragilidad. El pretendido regreso voluntario a las plazas extranjeras y la meta de alcanzar la calificación de “Grado de Inversión” hacia el cierre del mandato presidencial de la Libertad Avanza continúan atados a la tolerancia social frente al ajuste y a variables exógenas como el contexto financiero global, mientras la actual gestión prefiere recurrir al desguace del patrimonio público para estirar los plazos de vencimiento de la hipoteca externa.