La jefa de la bancada libertaria lidera las negociaciones para frenar la sesión y salvar al jefe de Gabinete de una histórica moción de censura. El peronismo busca forzar el quórum y el oficialismo teme una parálisis total del Congreso.

El tablero político del Senado quedó atrapado en una paradoja de máxima tensión. Acorralado por las inconsistencias fiscales y las derivaciones de su postergada presentación patrimonial, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se encuentra al borde de una inédita moción de censura constitucional. En este escenario de extrema debilidad para la Casa Rosada, la supervivencia política del funcionario depende de una sola figura: Patricia Bullrich. La jefa de la bancada oficialista debió asumir el rol de bombera parlamentaria para evitar que el peronismo abra el recinto el próximo jueves y desate un proceso de destitución exprés.

La misión encomendada a Bullrich es de una complejidad extrema y la coloca en una contradicción pública evidente. Semanas atrás, la propia senadora lideró los reclamos internos para exigirle a Adorni transparencia absoluta en su declaración jurada de bienes. Hoy, obligada por el mandato vertical del presidente Javier Milei, debe tejer alianzas a contrarreloj para bloquear la actividad de la Cámara Alta y rescatar a un funcionario a quien el propio mandatario ya encuadró públicamente bajo la categoría de evasor.

Negociaciones al límite y el temor al costo del encubrimiento

La estrategia diseñada por el bloque de La Libertad Avanza consiste en paralizar el Senado bajo el argumento técnico de que la sesión del jueves no fue convocada por los canales oficiales. Sin embargo, el interbloque conducido por José Mayans presiona con los acuerdos de la sesión preparatoria, que fijaron los debates ordinarios para los miércoles y jueves a las 14. La urgencia del oficialismo por hacer caer la convocatoria responde a la certeza de que, si el expediente Adorni llega a debatirse cara a cara, el destino del jefe de ministros será irreversible. En la memoria de los legisladores pesa el antecedente cercano de Edgardo Kueider; cuando las sospechas ganan la escena pública, ningún bloque aliado está dispuesto a quedar expuesto ante la sociedad como protector de un funcionario cuestionado.

Para complementar la contención que despliega la jefa de bancada en los pasillos del Palacio Legislativo, la Casa Rosada envió al ministro del Interior, Diego Santilli, a una misión de auxilio en el territorio. Santilli busca alinear a los gobernadores de la Unión Cívica Radical (UCR) para que influyan sobre sus senadores y eviten que se sumen a la avanzada opositora. El radicalismo y el PRO representan un núcleo clave de trece voluntades que aún mantienen bajo reserva su postura, atrapados entre la necesidad de sostener la gobernabilidad y el riesgo de dinamitar su propio discurso de transparencia.

El fantasma de la destitución y el contraataque opositor

Mientras Bullrich camina por un delgado desfiladero para preservar el voto de su espacio y su propia proyección política, el peronismo se muestra envalentonado. Desde el bloque opositor advierten que el artículo 101 de la Constitución Nacional es taxativo y no demanda una mayoría especial de dos tercios para proceder con la interpelación del jefe de Gabinete. Al cierre de la jornada, la oposición consolidaba unos 30 respaldos firmes, quedando a un paso de conseguir el quórum que encendería la mecha de la destitución.

Como un intento desesperado por ganar tiempo y calmar el malestar de los bloques dialoguistas, el oficialismo filtró un escrito en el que Adorni confirma su intención de presentarse a brindar su informe de gestión el próximo 2 de julio. Sin embargo, los plazos parecen correr más rápido que la diplomacia parlamentaria. La presión no cede y ya se trasladó a la Cámara de Diputados, donde una coalición transversal que abarca desde Unión por la Patria y la Coalición Cívica hasta bloques provinciales y el monobloque de Marcela Pagano coordina su propio llamado al recinto. El objetivo es activar la moción de censura en ambas cámaras, transformando la resistencia de Bullrich en la última línea de defensa antes de que el Congreso estrene, por primera vez desde la reforma constitucional de 1994, el mecanismo de remoción para un jefe de Gabinete.