A días de vencer el plazo para entregar su declaración jurada, el jefe de Gabinete y Betina Angeletti se adhirieron al polémico régimen que permite blanquear el crecimiento de los bienes pagando impuestos solo por la facturación.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Betina Angeletti, activaron un estratégico mecanismo legal para resguardar su situación financiera ante las autoridades fiscales. Según consta en los registros informáticos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, continuidad institucional de la AFIP), el matrimonio solicitó de manera formal su adhesión a la Ley N° 27.799, denominada de Inocencia Fiscal. La jugada administrativa se concretó este martes 9 de junio, a escasos días de la fecha límite que el propio funcionario había fijado para presentar su demorada y cuestionada declaración jurada de bienes.
La normativa en cuestión, implementada originalmente bajo el argumento de devolverle a la ciudadanía la libertad de utilizar sus ahorros sin el acoso del Estado, funciona en la práctica como un régimen de exteriorización que exceptúa a los contribuyentes de justificar el origen de su evolución patrimonial. Al sumarse a este sistema simplificado para el período fiscal 2025, Adorni y su cónyuge quedarán habilitados a tributar el Impuesto a las Ganancias basándose exclusivamente en los montos facturados durante el ejercicio, blindando de forma automática cualquier incremento en sus activos o consumos personales, sin importar cuán desproporcionados resulten frente a sus ingresos declarados.
Las inconsistencias en la mira que el oficialismo busca sepultar
La decisión del ministro coordinador no hace más que reavivar las sospechas de la oposición y de diversos sectores civiles sobre la imposibilidad del funcionario de acreditar el origen lícito de sus bienes en el marco de la causa judicial que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. El patrimonio de la familia Adorni exhibe saltos cuantitativos que la opinión pública califica como inexplicables para el salario de un agente estatal. Entre los puntos más oscuros de su contabilidad privada se encuentra la adquisición de un departamento en el barrio porteño de Caballito mediante un desembolso inicial de apenas 30.000 dólares y una llamativa hipoteca de 200.000 dólares otorgada por dos personas jubiladas.
A esta transacción inmobiliaria se le añaden suntuosas refacciones por un valor estimado de 245.000 dólares en una vivienda ubicada dentro del exclusivo country Indio Cuá, una seguidilla de viajes de lujo a destinos internacionales y locales como Punta del Este, Aruba y el hotel Llao Llao que demandaron más de 30.000 dólares, y consumos en tarjetas de crédito que superaron holgadamente los 80 millones de pesos durante el último año. Todas estas erogaciones se ejecutaron en paralelo al ejercicio de su función pública, desatando inconsistencias insalvables que ahora quedarán amparadas bajo el secreto del nuevo marco tributario.
Un privilegio normativo que alcanza a los propios funcionarios
El espíritu de la Ley de Inocencia Fiscal había sido sintetizado con entusiasmo por el presidente Javier Milei al momento de su aprobación, cuando afirmó que la medida buscaba blindar los ahorros de los ciudadanos para que ningún gobierno posterior pudiera confiscar sus recursos, promoviendo la premisa de usar el dinero sin dar explicaciones a nadie. No obstante, la letra chica de la legislación omitió de forma deliberada excluir de estos beneficios a las Personas Expuestas Políticamente (PEP), otorgándole a los altos mandos del actual Gobierno el mismo beneficio de opacidad que se pensó para los contribuyentes comunes.
El propio Adorni había militado de forma activa la difusión de esta norma en sus canales digitales, catalogándola como un hito histórico y celebrando que el cambio de época garantizara que los ciudadanos no tuvieran que rendir cuentas ante los organismos de control. Con los datos expuestos en las plataformas oficiales de recaudación, se evidencia que las sucesivas dilaciones del jefe de Gabinete para transparentar sus bienes respondían a la necesidad de ganar tiempo hasta consolidar su ingreso a este paraguas legal, sepultando el debate ético sobre su enriquecimiento detrás de las facilidades de una ley hecha a la medida de sus urgencias políticas.
