Familiares, organizaciones y profesionales de la salud presentaron una denuncia penal contra el Presidente y funcionarios por recortes, incumplimientos judiciales y el impacto en tratamientos.
La crisis en el área de discapacidad sumó un capítulo judicial que escala el conflicto político y social. Una denuncia penal presentada en la justicia federal apunta contra Javier Milei y parte de su gabinete por presuntos delitos vinculados al manejo del sistema, en un contexto de recortes y reclamos por la continuidad de prestaciones básicas.
La denuncia: ajuste, incumplimientos y riesgo para pacientes
La presentación también alcanza al ministro de Salud, Mario Lugones; al secretario de Discapacidad, Alejandro Vilches; y al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo. Los denunciantes sostienen que desde diciembre de 2023 se aplicó un “ajuste sistemático” que recortó pensiones, programas y prestaciones, además de incumplir fallos judiciales que ordenaban garantizar derechos.
El abogado Javier Garín, patrocinante de la causa, planteó que las decisiones oficiales no sólo tuvieron impacto presupuestario, sino que afectaron directamente tratamientos, medicamentos y la continuidad de la atención. En ese marco, la denuncia sostiene que se puso en “peligro cierto” la salud y la vida de las personas con discapacidad, lo que podría encuadrarse en la figura de abandono de persona.
Críticas al discurso oficial y nueva reforma en debate
El escrito también cuestiona el enfoque del Gobierno sobre el sistema de discapacidad y lo vincula con una estrategia para justificar recortes. En particular, apunta a declaraciones del vocero Manuel Adorni sobre supuestos fraudes en pensiones, que —según los denunciantes— contribuyen a deslegitimar al sector.
En paralelo, el Ejecutivo impulsa un proyecto de ley para endurecer las condiciones de acceso a pensiones por invalidez, con medidas como reempadronamientos obligatorios y mayores restricciones. Desde organizaciones como el Foro Permanente de Discapacidad advierten que el impacto ya se traduce en pérdida de cobertura, interrupciones en tratamientos y una mayor presión sobre el sistema público de salud.
Mientras la Justicia deberá avanzar sobre la denuncia, el conflicto sigue abierto. Entre reformas, recortes y reclamos, lo que queda en el centro no es sólo una discusión política, sino la vida cotidiana de miles de familias que dependen del sistema.
