El Gobierno dispuso un nuevo esquema de segmentación que implica aumentos de hasta el 67% en la tarifa de electricidad para hogares que aún reciben subsidios, una decisión que agrega presión sobre una inflación que no logra perforar el piso del 2% mensual, según coinciden distintas consultoras privadas.

La medida impacta en un contexto delicado para el equipo económico, que necesita mostrar señales de desaceleración tras la polémica por la postergación de la actualización metodológica del índice del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El nuevo IPC, que iba a modificar la ponderación de los servicios públicos, no fue difundido y el organismo quedó en el centro de la controversia.

Las proyecciones privadas para febrero muestran un consenso llamativo: la inflación mensual se mueve en una franja de entre 2,3% y 3%. Equilibra estimó 2,3%, LCG la ubicó entre 2,5% y 2,6%, mientras que EcoGo proyectó cerca del 3%. En el mercado comienza a consolidarse la idea de que el nuevo “piso” inflacionario quedó instalado entre 2,5% y 3%, lejos del sendero descendente que el Ministerio de Economía buscaba exhibir durante el primer trimestre.

Detrás de esa dinámica aparecen los aumentos de tarifas, junto con la persistencia en la suba de alimentos y transporte. En el esquema actual del IPC, electricidad y gas tienen una ponderación menor que la que tendrían con el índice actualizado, lo que profundiza la brecha entre la medición técnica y la percepción real en el bolsillo.

El incremento en la electricidad no responde exclusivamente a un mayor costo mayorista, sino principalmente a una reducción del consumo subsidiado. El nuevo tope baja a 150 kWh mensuales, prácticamente la mitad de lo permitido durante el verano. Superado ese límite, el consumo adicional se paga a tarifa plena, lo que puede traducirse en subas de hasta el 67% en la factura final para hogares que mantienen asistencia estatal.

Desde el área de Energía sostienen que el impacto “no se va a sentir” porque en marzo el consumo eléctrico cae por razones estacionales. La apuesta oficial combina economía y clima: si las temperaturas bajan y los hogares utilizan menos aire acondicionado, el monto total podría no reflejar plenamente el ajuste tarifario.

Más allá de la explicación oficial, economistas advierten que electricidad, gas y transporte son gastos rígidos, difíciles de postergar, y que su recomposición tiende a trasladarse a otros precios. Con consultoras que no anticipan una baja significativa en el corto plazo, el aumento eléctrico se suma a una serie de correcciones que tensionan el objetivo de desacelerar la inflación y consolidan un escenario en el que el piso de precios luce más alto de lo previsto.