En un clima de alta conflictividad laboral y tras el fracaso de la negociación entre centrales sindicales y cámaras empresarias, el Gobierno decidió avanzar de manera unilateral con la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). La medida, oficializada por la Resolución 9/2025 en el Boletín Oficial, fija aumentos mensuales desde diciembre y proyecta un sendero escalonado hasta agosto de 2026, en un contexto donde los ingresos reales continúan rezagados frente a la inflación.
El Gobierno estableció que el salario mínimo —que permanecía en $322.200 desde agosto— pasará a $334.800 en diciembre, con incrementos mensuales moderados que lo llevarán a $376.600 en agosto de 2026. El esquema también actualiza el valor de la hora para trabajadores jornalizados y mantiene los parámetros vigentes para la prestación por desempleo, que seguirá calculándose en base al 75% del salario neto previo al cese laboral, con un piso del 50% y un tope del 100% del SMVM.
La decisión evidencia una brecha significativa entre lo dispuesto por el Ejecutivo y las demandas sindicales. En la última reunión, la CGT había propuesto un piso de $512.000 para noviembre con actualizaciones progresivas, mientras que la CTA recordó que las tres centrales habían acordado previamente la necesidad de un mínimo de $644.000, cifra que debería escalar hasta $736.000 hacia fin de 2025. En contraste, los sectores empresarios plantearon un techo de $326.000 para este año, muy por debajo de los valores requeridos para recomponer ingresos.
Más allá de los números, la actualización del salario mínimo impacta sobre un conjunto amplio de beneficios: desde jubilaciones y programas sociales, hasta becas, subsidios y pensiones alimentarias. Por eso, la decisión de avanzar sin consenso reabre el debate sobre la capacidad del SMVM de funcionar como referencia real del costo de vida, especialmente frente a un deterioro persistente de la canasta básica y una economía que combina recesión con altos niveles de informalidad.
Con este esquema, el Gobierno apuesta a una corrección gradual mientras ya proyecta discusiones salariales clave para 2026. Sin embargo, la distancia entre los valores oficiales y los reclamos de trabajadores y organizaciones sociales anticipa un escenario donde el conflicto distributivo volverá a ocupar el centro de la escena. El salario mínimo, una herramienta fundamental del andamiaje laboral argentino, vuelve así a reflejar las tensiones estructurales que atraviesan al país en plena transición económica.
