La sesión preparatoria del Senado, que debería haber transcurrido como un trámite institucional más, terminó convertida en una postal del desorden político que atraviesa a La Libertad Avanza.

La jura de Lorena Villaverde, electa por Río Negro y cuestionada por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, quedó abruptamente suspendida: el oficialismo no logró reunir los votos para aprobar su diploma y debió enviar el pliego nuevamente a comisión. Un retroceso que, más que un movimiento táctico, expuso una crisis interna que el Gobierno intentó maquillar sin éxito.

La decisión se selló en Labor Parlamentaria, cuando el jefe del bloque libertario, Ezequiel Atauche, pidió devolver el dictamen a Asuntos Constitucionales. Nadie se opuso, ni siquiera José Mayans, que había firmado el rechazo al pliego. Para el Ejecutivo, era preferible evitar la votación antes que enfrentar una derrota en la primera foto legislativa del año parlamentario. De este modo, sólo jurarán los otros 23 senadores electos, mientras Villaverde esquiva un examen público que se volvió políticamente tóxico.

El trasfondo de esta maniobra es conocido: la rionegrina arrastra cuestionamientos por su relación con el empresario Fred Machado, extraditado a Estados Unidos por narcotráfico, y por una detención en Florida en 2002, donde –según consta en informes judiciales– se le habría incautado un kilo de cocaína. Con esos antecedentes, el peronismo emitió un dictamen de rechazo y el oficialismo respondió con impugnaciones contra Jorge Capitanich y Martín Soria, pero ninguna prosperó. Ambos jurarán sin obstáculos, mientras el pliego de Villaverde quedó atrapado en su propio peso político.

La crisis tuvo un efecto inmediato: reavivó las tensiones entre Victoria Villarruel y Patricia Bullrich, dos figuras que ya venían chocando por el control del dispositivo político en el Senado. La vicepresidenta se desmarcó del caso desde el inicio, evitando quedar asociada a una candidata sospechada de vínculos narco. En el entorno legislativo lo admiten sin rodeos: Villarruel “no quiere cargar con ese costo político” y, lejos de defender a Villaverde, dejó en manos de Bullrich la tarea de reunir los votos necesarios. Una tarea que, a la vista del resultado, no logró cumplir.

Mientras Bullrich intentaba ordenar al bloque libertario y buscar apoyos en la UCR, el PRO y bancadas provinciales, el escenario se fue deshilachando. Las dudas de los santacruceños Carambia y Gadano, las cautelas del radicalismo y la resistencia del peronismo terminaron sellando la caída del pliego. Incluso aliados potenciales –como los misioneros y algunas fuerzas provinciales– evitaron comprometerse con una votación que podía implicar un desgaste gratuito.

La vice llegó a la reunión con los senadores sólo en clave institucional, mostrando distancia del intento frenético del oficialismo por sostener a una dirigente que nunca fue de su confianza. Y Bullrich, que había convertido la defensa de Villaverde en una prueba de fuerza interna, quedó debilitada: la primera batalla legislativa de su gestión concluyó con un repliegue que el propio oficialismo buscó evitar hasta último momento.

La situación dejó una certeza en el Congreso: el caso Villaverde no sólo amenaza con demorar la conformación plena del Senado, sino que exhibe con crudeza la fragilidad del armado libertario, las tensiones entre sus principales figuras y la dificultad del oficialismo para ordenar mayorías en un contexto donde el margen político es cada vez más estrecho. El intento de forzar la jura terminó en una retirada improvisada y en un mensaje claro: la Cámara alta no será un territorio de obediencia automática para el Gobierno.