La instalación de un espacio exclusivo para funcionarios, empresarios y famosos durante la ceremonia religiosa desató un fuerte revuelo político.

La visita del máximo referente de la Iglesia católica dejó esquirlas en el plano político local tras trascender los detalles de un área exclusiva montada para albergar a referentes de la política, el empresariado y el mundo del espectáculo. A raíz de la repercusión pública, el diputado nacional Esteban Paulón ingresó un proyecto en la Cámara baja con el objetivo de interpelar a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al canciller Pablo Quirno para que aclaren los puntos oscuros de la organización.

El foco del cuestionamiento político se encendió cuando diversas personalidades públicas difundieron en redes sociales imágenes desde el interior del sector preferencial. La exhibición de comodidades y servicios de categoría contrastó fuertemente con el mensaje de austeridad característico de la celebración y generó malestar al constatarse que numerosos trabajadores de prensa acreditados sufrieron restricciones de acceso para cumplir con su labor informativa.

El texto elevado al Parlamento exige un informe detallado sobre los criterios aplicados para confeccionar la nómina de invitados, la capacidad total de las estructuras montadas en las inmediaciones del Monumento a los Españoles y los motivos que derivaron en una marcada diferencia entre la cantidad de asistentes privilegiados y los cupos asignados formalmente a las carteras de Nación y de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, el planteo incluyó el contraste institucional generado luego de que la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, advirtiera públicamente que no recibió las credenciales correspondientes para ingresar al sector.

En el plano administrativo y presupuestario, la iniciativa reclama cuentas claras sobre el costo global que demandó el despliegue logístico, abarcando desde el servicio de cáterin y el mobiliario hasta la provisión de sanitarios y obsequios institucionales. Los legisladores impulsores cuestionaron además que los fondos fueran ejecutados bajo esquemas de urgencia administrativa, dado que la llegada del Sumo Pontífice constituía un acontecimiento institucional programado con meses de antelación, y solicitaron que se investigue si existieron incompatibilidades o conflictos de interés en la adjudicación de los servicios a las firmas privadas involucradas.