La salida forzada de Belén Agudiez desmintió el relato oficial de la reestructuración militar y destapó un festival de acomodos familiares, negocios a medida y desvío de recursos públicos en la residencia presidencial.

La careta de austeridad y combate contra la casta con la que Javier Milei llegó a Balcarce 50 acaba de derrumbarse de forma inapelable. En medio de un silencio sepulcral del oficialismo y tras días de operaciones mediáticas para camuflar el desastre, el Boletín Oficial confirmó la expulsión de Belén Agudiez, la subsecretaria de Planificación General y principal lugarteniente de Karina Milei. La salida de la funcionaria no sólo dinamitó la versión gubernamental que intentaba justificar la expulsión del personal de Olivos bajo supuestas razones de seguridad internacional o la visita papal, sino que dejó a la luz un escándalo de corrupción estructural, nepotismo descarado y malversación de caudales públicos que salpica de forma directa a la cúpula del clan presidencial.

La residencia de Olivos funcionó durante meses como un feudo privado al servicio de la parentela de la funcionaria predilecta de la secretaria general de la Presidencia. Agudiez no sólo designó a su cuñado como intendente de la quinta, sino que nombró a su propia madre, a su hermana y a varios primos en diversos escalafones administrativos, de maestranza y de mantenimiento. Las dependencias del Estado fueron degradadas a un predio de uso familiar donde se organizaban festejos, asados y celebraciones privadas con recursos públicos, mientras la propia administración ejecutaba un ajuste despiadado contra la población. La posterior purga y la militarización del predio con cocineros del Ejército no fueron más que un desesperado manotazo de ahogado para contener las filtraciones que ventilaban consumos descomunales de carne y lujos suntuarios costeados con los impuestos de los argentinos.

La gravedad del cuadro institucional escaló hacia el terreno de los delitos federales tras las demoledoras denuncias de la diputada Marcela Pagano, quien expuso la trama de licitaciones direccionadas que operaban en las sombras de Olivos. Agudiez quedó señalada por armar un concurso a medida de 700 millones de pesos para beneficiar a su socio Franco Castelli en las tareas de jardinería, pero el dato más aterrador radica en el esquema de desvío de partidas: se descubrió el uso de la identidad de un jubilado en extrema vulnerabilidad social, habitante de un barrio carenciado y sin patrimonio, a quien inscribieron fraudulentamente como proveedor de Presidencia para facturarle al Estado más de 600 millones de pesos. Como corolario de esta matriz de saqueo, la investigación apunta a que se utilizaban las instalaciones oficiales, los insumos y la energía de la cocina de la quinta para abastecer un emprendimiento privado de catering perteneciente al entorno familiar de la exsubsecretaria.

El despido a regañadientes de Agudiez certifica que el régimen de Milei reproduce y amplifica las peores prácticas que juró exterminar, transformando las áreas más sensibles del Estado en cajas recaudatorias y botines familiares. Mientras el ministro de Economía pulveriza el poder adquisitivo de los jubilados y niega fondos para la asistencia alimentaria y la salud pública, la hermana del Presidente apañaba en la intimidad del poder un esquema de contrataciones irregulares y privilegios grotescos. La caída de la mano derecha de Karina Milei no clausura el escándalo; por el contrario, abre un peligroso abismo judicial y político sobre la gestión libertaria, cuya promesa de refundación moral terminó reducida a un festival de retornos, negocios ilícitos y descarado parasitismo estatal.