La Justicia avanza contra Daniel Parisini y los operadores del streaming oficialista Carajo por calumnias homofóbicas contra el diputado Paulón, al amparo del discurso de odio de Javier Milei.
El brazo ejecutor de la violencia discursiva que la gestión libertaria promueve desde los despachos oficiales acaba de sufrir un duro revés en los tribunales porteños. La titular de la fiscalía especializada, Celsa Ramírez, citó a prestar declaración a Daniel Parisini, popularmente conocido como el Gordo Dan, y a sus laderos del canal de streaming militante Carajo, en el marco de una investigación por discriminación agravada y hostigamiento digital sistemático. La causa, impulsada por el diputado nacional socialista Esteban Paulón, destapa el funcionamiento de un aparato paraestatal de difamación que opera con la venia ideológica de Javier Milei y que utiliza las redes y las pantallas digitales para destruir la reputación de cualquier voz disidente mediante ataques coordinados.
La maquinaria del linchamiento y la complicidad de la Casa Rosada
Los imputados en el expediente no son meros usuarios aislados de internet, sino figuras clave del aparato de propaganda oficialista: el propio Parisini al frente del programa La Misa, secundado por Pablo Sebastián Pazos, Mariano Pérez y el abogado Alejandro Sarubbi Benítez. La querella recopiló una batería de pruebas que incluye transmisiones en vivo por YouTube y mensajes emitidos desde cuentas verificadas donde se acusó de manera reiterada a Paulón de pedófilo, apelando a insultos homofóbicos como “SIDA PARA VOS” y descalificaciones denigrantes. La investigación judicial desentraña cómo, tras una intervención del legislador en la Cámara Baja donde anticipaba acciones legales contra los agresores, los operadores de Carajo redoblaron la apuesta burlándose al aire, equiparando las políticas de género con la mutilación y rematando los bloques con calumnias directas que exceden cualquier límite democrático.
La gravedad del caso radica en que esta no es una manifestación espontánea de intolerancia, sino el reflejo directo de la doctrina que el propio Milei bajó a sus tropas desde tribunas internacionales como el Foro de Davos. El escrito judicial subraya con precisión milimétrica que los streamers adoptaron la matriz discursiva del mandatario nacional, quien llegó a calificar la ideología de género como abuso infantil. Siguiendo esa directiva ideológica emanada desde la cima del poder, la patota digital procedió a estigmatizar a un diputado opositor por su orientación sexual, asociándolo a delitos atroces y reeditando prejuicios históricos contra la comunidad LGBTI+. Lo que el oficialismo defiende cínicamente como libertad de expresión se revela en el expediente como una campaña orquestada con dolo manifiesto para disciplinar adversarios políticos.
Tribunales, maniobras dilatorias y el peligro autoritario
Lejos de presentarse con la soberbia que exhiben detrás de los micrófonos, los acusados ya comenzaron a desplegar artilugios para eludir el avance del proceso judicial. Parisini y Mariano Pérez unificaron su estrategia de defensa a último momento, logrando posponer su comparecencia para la semana entrante mientras el cerco de la Justicia porteña continúa cerrándose. La imputación señala con contundencia que llamar pedófilo a un ciudadano implica la atribución falsa de un delito penal de acción pública, agravada por sugerencias maliciosas sobre tenencia de material de explotación infantil guardado en dispositivos de almacenamiento, una maniobra repudiable destinada a causar un daño irreparable.
La causa que tiene al Gordo Dan contra las cuerdas expone el costado más oscuro de la era libertaria: la naturalización del terrorismo verbal como política de Estado para perseguir opositores y minorías. El financiamiento oscuro de plataformas digitales afines al Gobierno, sumado a la impunidad con la que sus operadores mediáticos hostigan a dirigentes y periodistas, desnuda una degradación institucional que amenaza las libertades básicas en el país. El desfile de estos propagandistas por los despachos judiciales marca un precedente clave frente al intento de convertir la crueldad, la difamación y el fanatismo en herramientas válidas de dominación política bajo el amparo de la Casa Rosada.
