En Washington, el equipo de Javier Milei admitió ante el FMI que el rebote extractivista excluye al trabajo y al consumo. Alerta roja por el endeudamiento de los hogares y el parate productivo.
La fachada de éxito indiscutido que el presidente Javier Milei y su equipo económico intentan vender a diario se agrietó de manera irreversible frente a su principal auditor externo. En su habitual conferencia de prensa desde Washington, la portavoz del Fondo Monetario Internacional, Julie Kozack, destapó una confesión de alcoba que el oficialismo intentó ocultar al debate público: las propias autoridades argentinas admitieron ante los técnicos del organismo que el esquema económico actual no alcanza para sostener una recuperación real y que los pretendidos beneficios de la estabilización no llegan a la inmensa mayoría de la población. La admisión dinamita el relato libertario del despegue milagroso y confirma lo que los sectores del trabajo vienen denunciando en las calles, exponiendo un diseño excluyente que solo premia a un puñado de corporaciones concentradas.
Una economía quebrada en dos que destruye el tejido productivo
Las declaraciones de Kozack desnudaron la gravedad de una economía que marcha a dos velocidades irreconciliables, donde un polo hiperrentable convive con la devastación del mercado interno. Desde que asumió la actual administración, los únicos rubros que exhibieron números verdes fueron la minería con una suba del 29%, la energía con un alza del 27%, el agro con un 19% y la intermediación financiera con un 25%. En la vereda opuesta, la economía real, aquella que genera empleo formal y dinamiza los ingresos de la clase media y trabajadora, sufre una sangría histórica sin atisbos de contención. Los datos de centros de estudios privados como el IERAL y la consultora 1816 reflejan una contracción salvaje del 11% en la construcción, un retroceso del 6,5% en la industria manufacturera y una caída del 1% en el comercio minorista, configurando un cementerio fabril planificado al calor de la apertura importadora y la licuación salarial.
La bomba de tiempo de la deuda en los hogares
El costado más angustiante de la jornada llegó cuando el FMI reconoció que sigue con lupa el vertiginoso incremento en la morosidad de las familias argentinas. El ahogo financiero que padecen millones de personas para cubrir necesidades elementales como comida, medicamentos o tarifas de servicios públicos obligó al organismo a emitir una advertencia implícita, aunque optó por lavarse las manos y transferir la resolución del drama a las entidades bancarias privadas. Lejos de constituir un problema individual, la incapacidad de pago en las tarjetas de crédito y en los préstamos personales representa el síntoma terminal de un plan que pulverizó el poder adquisitivo bajo el dogma del equilibrio fiscal forzado. La combinación de salarios deprimidos y tasas usurarias está empujando a los sectores vulnerables a un laberinto financiero insostenible, mientras la conducción libertaria insiste en ignorar el colapso social que late detrás de cada ventanilla de cobranza.
El callejón sin salida del dogma libertario
La admisión del fracaso distributivo ante los burócratas del FMI deja a la Casa Rosada en una contradicción ideológica insalvable. El Gobierno que prometió que el ajuste lo pagaría la casta política ahora suplica que el crecimiento milagroso derrame de manera espontánea sobre los talleres, las obras y los comercios barriales que su propio programa estranguló. Sin inversión pública, con la obra nacional totalmente paralizada por capricho ideológico y con una recesión que carcome la recaudación provincial, la administración libertaria carece de herramientas o de voluntad para torcer el rumbo de un esquema extractivista pensado únicamente para fugar divisas y liquidar recursos no renovables. El reconocimiento ante el Fondo no es una autocrítica virtuosa, sino la resignada comprobación de que el plan económico solo cierra con exclusión masiva, miseria planificada y un país desmembrado en beneficio del capital extranjero.
